La indignación de la senadora Isabel Allende luego del reportaje de Informe Especial este lunes, ha recordado una vez más los numerosos debates que han encendido en Chile y en muchos países las investigaciones periodísticas que abordan causas judiciales.
Tuvimos acceso directo a esa indignación a primera hora de este martes, en el programa Alerta Temprana de Radio 95 Tres. Conversamos con la senadora Allende y escuchamos de primera mano su protesta contra el reportaje de la víspera en TVN.
Más tarde este mismo martes, difundió una declaración pública escrita, planteando su posición en términos menos resonantes, pero anunciando posibles acciones ante el Congreso. Casi paralelamente, la abogada de la familia, Pamela Pereira, mencionó la posibilidad de reclamar ante el Consejo Nacional de Televisión.
Como antes que periodistas somos seres humanos y ciudadanos, corresponde decir primero que nadie más está en los zapatos de la senadora Allende aparte de ella misma, y nadie puede juzgar sus sentimientos ni emociones frente a situaciones tan desgarradoras como la muerte de su padre, el derrocamiento del gobierno del que ella misma fue parte por lazo sanguíneo, así como las muertes y desapariciones de otros seres queridos, o su propio exilio (y el de su madre) durante largos años. Son dolores que no se merece nadie.
Cuesta imaginar lo que puede significar volver a remecer la memoria y el alma casi cuatro décadas después, con una investigación judicial recién abierta y una exhumación llevada a cabo hace apenas unos días, y además con la inevitable incertidumbre respecto del término de esta historia.
Pero la investigación de la muerte de Salvador Allende es una causa nacional y pública, y en buena hora lo es. Nos hemos pasado casi 40 años sin tener una verdad jurídica sobre estos hechos, que quede para la historia e impida versiones torcidas, como las ha habido en estos decenios.
