TVD: "fallas de origen" III

Aquí va la tercera y última parte de un análisis personal del proyecto de Televisión Digital que por esos días discute el Senado.
Se suman las voces que reclaman un perfeccionamiento del proyecto que aprobó semanas atrás la Cámara de Diputados.
Este análisis abordó en las entregas anteriores algunos de los aspectos que nos merecieron comentarios desde un punto de vista periodístico; quizás no se hace cargo de las aspiraciones de otros actores en esta discusión, pero al menos pretende poner sobre la mesa algunas inquietudes que nos parecen importantes.
A continuación, se abordan dos de los aspectos más controvertidos en este debate, como son la posibilidad de que el espectro radioeléctrico sea utilizado para emitir señales pagadas, y la diferencia que podría consagrarse para siempre entre concesionarios perpetuos y concesionarios a plazo fijo.
Como siempre, dispuestos a reconocer que estamos parcial o totalmente equivocados.

TVD “abierta” (?) de pago:

Un contrasentido

A estas alturas del proyecto llegamos a uno de sus capítulos más controvertidos: la obligación de los concesionarios de destinar “sólo” el 50 por ciento de su franja radioeléctrica para transmitir señales gratuitas.
Claro, porque el proyecto abre la posibilidad de que el resto del ancho de espectro concesionado sea explotado para una o más señales de  televisión de pago, caso en el cual ese primer 50 por ciento gratuito debe necesariamente destinarse a una o más señales de alta definición.

Esta disposición regiría sólo para la televisión digital que se recibe en las casas o lugares fijos. Nadie podrá transmitir televisión de pago a los dispositivos móviles.

Esta norma pone en duda y, más aún, contradice todo lo que siempre entendimos como el objetivo de la televisión digital y que el Ejecutivo expuso en su “mensaje” acompañando el texto original del proyecto de ley: tener en Chile una mejor televisión para todos, sin exclusiones ni discriminaciones geográficas ni socioeconómicas. 
En el mismo espíritu, siempre se nos dijo que el propósito era terminar incluso con la odiosa diferencia actual, en que sectores mayoritarios de menores recursos tienen que conformarse con una televisión abierta que según los más críticos va en declive, mientras los grupos sociales más favorecidos tienen acceso a una oferta muy superior en diversidad y calidad a través de la televisión de pago… precisamente porque pueden pagarla.

Creíamos que la idea era abrir la industria a nuevos operadores, permitir el nacimiento de nuevas señales, nuevos programas, con una calidad técnica sustantivamente superior y con la posibilidad de un mejor servicio. Para todos. Por parejo. Un avance hacia el desarrollo equitativo.

Estos objetivos se condicen plenamente con la definición del espectro radioeléctrico como un espacio no infinito, sino limitado, que nos pertenece a todos porque es un bien de uso público, y que es concesionado de la manera más eficiente y diversa posible, precisamente para cautelar su uso más justo en beneficio de todos. Permitir a los concesionarios de televisión cobrar por una o más señales, a cambio precisamente de reducir la diversidad de su oferta restante sólo en aras de la calidad de la imagen, parece un desvío rotundo de los objetivos de toda la reforma.

Es más: desde un punto de vista económico, ello podría incluso configurar una modalidad de integración no virtuosa de negocios diferentes:  en la televisión abierta gratuita, los clientes no son los televidentes, sino los avisadores, a quienes se ofrece un potente canal de comunicación publicitaria con sus mercados efectivos o potenciales. La naturaleza de la televisión de pago es distinta: en ella los clientes son los televidentes, a quienes se ofrece simplemente un menú programático.
Que se entienda bien: quizás sea interesante y muy factible que exista en Chile televisión terrestre ("por aire") de pago. Pero parece al menos  discutible que quienes la exploten sean los mismos que operan la televisión cuyas ventas se orientan a los avisadores.

¿Perpetuidad para unos pocos?

Finalmente, nos queda pendiente al análisis de un tema más: la diferencia de categoría que se perpetuaría entre los concesionarios de TVD, a partir de reconocer los derechos perpetuos que algunos tienen hoy, frente a las concesiones a plazo fijo que tendrían otros.

Un verdadero entuerto jurídico, porque los primeros esgrimen derechos adquiridos que parecieran estar dispuestos a defender incluso en los tribunales. Otros alegan que no cabe enarbolar la bandera del “derecho de propiedad” cuando estamos hablando de bienes públicos como el espectro radioeléctrico…

También están quienes sostienen que la televisión analógica vive sus últimos estertores y lo que está naciendo o por nacer es una industria por completo nueva, donde todos los actores lo serán también y, por lo tanto, deben entrar al ruedo en igualdad de condiciones. Y no faltan los que levantan el discurso de la igualdad ante la ley y el principio básico de todo mercado libre y justo, como es que sus participantes deben jugar en una cancha pareja.

Un modelo que está

“six feet under”

Pero hay más argumentos: las leyes que hasta ahora han regido la televisión chilena normaban un modelo originalmente estatal y universitario que está “six feet under” desde hace mucho tiempo. Simplemente, porque las concesiones universitarias ya no lo son, y hoy son grupos privados los que explotan esas señales con legítimos fines de lucro y sin más fines sociales que el lucro, desde el momento en que son sociedades anónimas empresariales…

Es más: Parece haberse olvidado que incluso la vieja y derogada ley 17.377 que instituyó la televisión estatal hace más de 40 años, no consagraba un canal perpetuo: La persona jurídica que ordenaba constituir esa ley tendría una duración determinada, de 50 años. Y uno de sus artículos contemplaba incluso el escenario de su disolución total, caso en el cual todos sus bienes pasaban sencillamente al Fisco.

Estas previsiones de que las cosas, también en esta industria, son finitas, parecen haberse olvidado.

La misma ley original lo fue, ya que (está dicho) fue derogada. Pero no olvidemos que su espíritu se hacía cargo de que el mundo y el país podían cambiar, y se ponía en el caso extremo de la disolución del canal del Estado, nada menos.

¿Cuándo, entonces, se instalaron las “concepciones infinitas” en Chile, que ahora buscan consagrar las “concesiones infinitas”?

El proyecto no “genera norma” ni menos crea doctrina a este respecto. Da la impresión que se optó por no fomentar una discusión frontal del tema, por la vía de remitirse a legislaciones vigentes.

La pregunta es si los legisladores suplirán esa carencia.