Dichato y el activismo

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1. Las protestas de los vecinos de Dichato se han convertido en acciones de fuerza y también de violencia, que no son lo mismo. De parte de algunos manifestantes y de la policía.
El ambiente está extremadamente enrarecido y amenaza con prolongarse e incluso intensificarse en lo que queda del invierno... y durante el invierno de 2012, porque el ministro de Vivienda puntualizó este jueves que las primeras casas terminadas se entregarán recién en agosto del próximo año, y las restantes en diciembre, "si Dios quiere".


2. Cuando hay destrozos de bienes ajenos, cortes de caminos y la consecuente alteración del derecho a moverse del resto de la población, las protestas están incursionando en terreno prohibido y, automáticamente, justificando el uso de la fuerza pública. 
Sí: ocurre en democracia y debe ser así. Téngase a la vista el uso de la fuerza policial en países de alto desarrollo, donde las verdaderos comandos de "fuerzas especiales" apabullan a los violentistas a lumazos y lacrimógena limpia, usando vehículos de aspecto militar que, más que disuasivos, se ven derechamente ofensivos.
Es el precio que se paga por el orden público y el respeto a los derechos de todos.



3. Las autoridades acusan en Dichato la presencia de "agitadores" y "activistas" externos. Según las versiones oficiales, algunos de los voceros o supuestos dirigentes del movimiento de protesta, ni siquiera viven en el balneario. Habrá que investigarlo. Pero no es para nada descartable. 
El primer punto es el siguiente: el problema a combatir no es la agitación (incluso con motivaciones políticas); el problema a enfrentar es la falta de viviendas y la tardanza de la reconstrucción. Y el segundo punto es que hay activismos y activismos.


4. El activista es por definición un agitador político o gremial, que interviene activamente en la propaganda o practica la acción directa. Pero un activista sin escenario ni población dispuesta a ser "activada" no sirve de mucho. El activismo da resultados donde hay gente que tiene una causa para reclamar.


5. Afortunadamente, las autoridades regionales así lo están reconociendo: el problema de fondo es la falta de resultados visibles de la reconstrucción. Hemos escuchado valiosas declaraciones de comprensión hacia la angustia de los afectados. 
Sin embargo, paralelamente, las autoridades nacionales están advirtiendo que, si es necesario, se utilizará la fuerza pública y se restablecerá el orden.

6. Hay un problema con esta advertencia: tiene un serio defecto comunicacional cuando se hace en medio de la tensión. 
Los que ven con espanto las imágenes de la violencia capturadas a la distancia podrán comprenderla perfectamente y respaldarla con entusiasmo. Pero quienes están movilizados con auténticas razones la leerán como una provocación y sentirán la amargura de la impotencia. Y los activistas la celebrarán jubilosos, porque se estará cumpliendo su objetivo. 
Todo lo cual no resta dificultad al papel del gobierno, porque si aplica la fuerza pública sin previo aviso, también será culpado. Un dilema de ésos como para congratularse de ser simple ciudadano.


7. Las versiones de la agitación y el activismo también se han conocido en el llamado "conflicto mapuche". El Ministerio Público ha buscado pistas incluso en el extranjero: las FARC de Colombia, la ETA de España... Pero nada contundente se ha comprobado. Casos enteros de presuntos vínculos de chilenos con ese tipo de organizaciones aparecen hoy derrumbados, como el del diseñador comunista Manuel Olate, que no fue extraditado a Colombia. 
Hay que tener cuidado con estas versiones. Cuando se propalan sin pruebas y ello ocurre demasiado seguido, sin que se traduzcan en investigaciones concretas y en acusaciones efectivas en tribunales, corren el riesgo de perder credibilidad.
Lo que no quiere decir que la agitación no exista.


8. Está clarísimo que los grandes partidos vienen acumulando derrota tras derrota en las batallas por hacerse de una presencia gravitante en las organizaciones sociales: sindicatos, federaciones estudiantiles, agrupaciones comunitarias. Pero hay una colectividad que al menos mantiene su record en estos frentes: el Partido Comunista. 
El punto es que una cosa es la mera presencia; otra un poco mayor es el acompañamiento y la inspiración de los trabajadores, estudiantes o vecinos organizados (lo que en otros tiempos se llamaba "adoctrinamiento"); una cosa más importante es la participación activa en la organización de movilizaciones; y una abiertamente peligrosa es la agitación subversiva. 
Sólo este último tipo de activismo es delictual y podría llegar a tener hasta carácter terrorista. Las versiones anteriores son, en general, legítimas. Combatirlas puede ser inconducente, salvo que sea en el plano del debate político y con el fin de generar una actitud crítica de parte de la opinión pública.


9. Volvemos al comienzo: la agitación sólo funciona donde hay un escenario propicio. A juzgar por los tiempos que está tomando la reconstrucción post 27/F, el escenario está. 
Los encargados de esta colosal tarea nos han repetido una y otra vez sus complejidades; nos ilustran con ejemplos de cuánto demoraron las reconstrucciones provocadas por catástrofes naturales del pasado; nos hacen notar cuánto le está costando a Japón reponerse de su propio cataclismo... 

Todas las explicaciones suenan razonables, pero pesan poco al lado de las angustias de quienes están viviendo con una precariedad intolerable.


10. Gobierno y Congreso gastaron buena parte del año pasado discutiendo ley de donaciones para la reconstrucción, el royalty para la reconstrucción, un presupuesto 2011 con capítulos enteros dedicados a la reconstrucción. Parece haber sido insuficiente.
De nuevo emerge el fantasma de una autoridad potente que unas pocas veces se mencionó, pero que nunca se configuró: la de un ministro sin cartera (o a cargo de algo así como un "Ministerio de la Reconstrucción"), acompañado de un equipo transversal de expertos, mandatado para traer del mundo la mejor tecnología, con el presupuesto que fuera necesario para agotar su misión fundamental en un plazo máximo, digamos, de dos años (que estarían terminando el 27/F de 2012). 
En algún sentido, el "modelo mineros" aplicado al gigantesco desafío de reconstruir. ¿Será tiempo?