Se suceden en estos días las alarmas de paquetes sospechosos, y no sólo en Santiago. El fantasma de nuevos atentados con bombas reaparece para mucha gente, después del bombazo en un paradero del Transantiago el 4 de enero.
El GOPE de Carabineros, que para estas cosas sí funciona, se despliega cada vez, aunque sea falsa alarma.
Y se levantan voces que piden más inteligencia policial, capaz de detectar planes que podrían tener carácter terrorista.
Pero cuidado: El “caso bombas”, hace unos años, fue un fiasco mayúsculo del Ministerio Público y del anterior gobierno de Sebastián Piñera.
En el “caso subcentro Escuela Militar/Los Dominicos”, en cambio, hubo resultados y, finalmente, una condena a presidio efectivo de 23 años al único sentenciado. No hubo inteligencia que evitara o alertara de los ataques, pero sí eficacia policial, apoyada en criminalística de alto nivel, durante la investigación.
No ha sido igual con el paquete explosivo enviado al ex presidente del directorio de CODELCO; fue hace dos años y no hay resultado conocido.
Es muy fácil pontificar sobre la necesidad de inteligencia, pero ni Estados Unidos, ni Francia, ni el Reino Unido, ni España tuvieron inteligencia que evitara los atroces atentados perpetrados desde 2001.
Por eso, parece mejor poner el foco no tanto en la inteligencia preventiva, esa capaz de impedir un ataque… sino más bien en la inteligencia investigativa, apoyada en la disciplina de la criminalística policial: ciencia y tecnología al servicio de la PDI y de los fiscales, para procesar imágenes, detectar otros registros, cotejar huellas, relacionar unos datos con otros, localizarlos en contextos más amplios, vincular hechos, pesquisar la ruta del financiamiento de los actos criminales… hasta dar con los autores de los ataques.
Para eso se necesita la reforma pendiente, que entregue herramientas más potentes para investigar.
Es mejor que esas facultades estén por ley en manos de un Ministerio Público autónomo que de gobiernos con agenda política y electoral; de profesionales del derecho que de aficionados al espionaje; de fiscales que puedan acusar con pruebas de verdad, pero que van a tener que enfrentar a defensores, en lugar de funcionarios gubernamentales que a lo más deben comparecer ante parlamentarios con sus propias agendas políticas; de un Ministerio Público que tendrá que acatar sentencias de jueces, en vez de agencias donde se denuncian, para variar, nombramientos políticos, y renuncian jefes sin explicaciones creíbles, como ha ocurrido hace pocos días en la ANI.
Parece más efectivo impedir que los terroristas que ya han actuado lo hagan de nuevo, que tratar de evitar actos que sólo se adivina que podrían ocurrir, o peor: se inventa que podrían ocurrir. ¿Acaso no fue eso la “Operación Huracán”?
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