Televisión digital: “Fallas de origen”

El proyecto conocido como “de televisión digital” ya está su recta final de discusión parlamentaria. Esta misma semana inicia su paso por el Senado, en las comisiones respectivas.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones anunció su disposición a discutir sus aspectos más controversiales y a llegar a acuerdos, pero tal como fue despachado por la Cámara de Diputados, ya merece algunos comentarios.

Para usar una expresión común en el medio televisivo, el proyecto tiene “fallas de origen”. La primera de ellas podrá tener una justificación jurídica, pero desvaloriza la relevancia de la reforma que se busca.

Me refiero a que el objetivo fundamental del proyecto no es instaurar en Chile una nueva industria de las comunicaciones, como es o debiéramos entender la televisión digital, sino algo que suena menos importante: simplemente, modificar la ley que creó el Consejo Nacional de Televisión. Es lo que dice el artículo único del proyecto.

Todo lo demás no parece merecer la calidad de articulado de un proyecto de ley, salvo una serie de disposiciones transitorias que van al final y que, atención, también requieren un análisis minucioso. Todo lo demás, en otras palabras, no es más que una sucesión de incisos del mismo artículo. Es decir, "la gran reforma" de una industria tan trascendente como es la de la televisión abierta, terrestre y gratuita, aparece como menos importante que el hecho de modificar a una institución fiscalizadora que, por lo demás, tiene un campo de acción cada día más discutible.

¿Qué diablos es “correcto funcionamiento”?

El proyecto comienza relevando la función del CNTV, que consiste en “velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión que operen en Chile”. Creíamos que las definiciones de objetivos “bienpensantes” para este tipo de organismos y legislaciones, aquí y en el mundo, ya estaban superadas. Y que las lecciones sobre cómo en aras de estos objetivos, aquí y en el mundo, se han sancionado desbordes pero también se ha restringido la libertad, ya estaban aprendidas.

El proyecto nos recuerda a renglón seguido que el CNTV “se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio Secretaría General de Gobierno". Esto es, el gobierno de turno metido en el control y la supervisión del “correcto funcionamiento” de la televisión.

¿Cómo lo harán para controlar la oferta creciente, la diversidad de señales en la televisión de pago… la televisión por internet, cuando ya rige en Chile una ley de neutralidad que garantiza la inviolabilidad de los contenidos que circulan por la web?

¿Tenemos que imaginar ejércitos de “vigilantes” o “veladores” por el “correcto funcionamiento”?

Hay quienes se empeñaron en que la vaguedad inherente al concepto de “correcto funcionamiento” no se prestara para malas interpretaciones. Y, consecuentemente, enumeraron una lista de bienes públicos que suenan en principio muy bien, pero que, al menos en varios casos, podrían esgrimirse de todos modos para justificar censuras y sanciones:    "Se entenderá por correcto funcionamiento de estos servicios el permanente respeto, a través de su programación, de la democracia, la paz, el pluralismo, el desarrollo regional, el medio ambiente, la familia, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, la dignidad humana y su expresión en la igualdad de derechos y trato entre hombres y mujeres, así como el de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

En mi opinión, estas definiciones positivas son peligrosas. Más bien debiera bastar el Código Penal y su tipificación de los delitos específicos que pudieran cometerse. El Código Penal podrá ser imperfecto y bien podría necesitar más de alguna reforma, pero ya está vigente y no debiera ser necesario legislar más, buscando definir cosas que los medios (en este caso, la televisión), “debieran” transmitir.

“Campañas de utilidad pública”

Luego, el proyecto esboza (como preparando los ánimos) una disposición sumamente controversial: la obligación de los canales de TV de transmitir “campañas de utilidad pública” que son referidas en otro inciso; y a “propender” a la difusión de programas “de carácter educativo, cultural o de interés nacional". Basta leer esta breve enumeración para comprender que allí hay una intención de forzar contenidos desde el Estado, y de que en esos conceptos puede caber casi cualquier cosa.

Inquietante.

En la misma línea, también se establece que el CNTV podrá promover y financiar programas que tengan esos objetivos. Esto parece más inocuo y menos irracional. Si el Estado quiere promover ciertos contenidos, que los incentive y les pase plata. Menos malo que dotar a un organismo formado por un grupo de personas, de facultades para “velar” por funcionamientos “correctos” que quedan sólo a criterio de ellos.

(No dejamos de preguntarnos qué significa eso de “velar” en estas materias; el verbo nos sugiere la imagen de unos funcionarios “en vigilia” durante las noches, tomando nota de lo que ven en la pantalla).

Volviendo a la función del Consejo de financiar lo que llamaríamos “buenos programas” (en una calificación que sólo pueden hacer los consejeros, aunque usted o yo tengamos otra opinión), parecen quedar en desventaja las producciones independientes: El proyecto obliga a los beneficiados con esos “fondos CNTV” a asegurar que sus programas se van a transmitir en horarios y con audiencias garantizados. Casi un imposible.

Un punto bueno

Más adelante se establece la conformación del CNTV, con lo que a estas alturas de la historia ya parece una curiosidad: Por primera vez después de dos décadas de democracia, se indica que entre los requisitos para ser consejero ya no cuenta “haber sido Oficial General de alguna de las Instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile".

Cuando uno toma nota de este punto específico (¡hoy!) no cabe sino tomar conciencia de lo demorada que resulta esta reforma y, por ende, de lo tibia y retrógrada que podría resultar siendo.

Un punto bueno para la ley, a pesar de todo: En una virtuosa excepción dentro de la institucionalidad chilena, este proyecto impide que los consejeros se vayan a trabajar a un canal antes de trascurridos tres años desde el momento en que dejen su cargo. Algo es algo.

“Franja cultural reloaded”

Pero a propósito de la misión que gobierno y parlamentarios insisten en asignar a la industria, hay otros dos pies forzados tanto o más complejos, porque tocan la libertad de programación de los canales, que a mi juicio es parte de la libertad de expresión: 

Uno es la instauración de “a lo menos cuatro horas de programas culturales a la semana, entendiéndose por tales los dedicados a las artes o a las ciencias, así como los relativos a la formación cívica de las personas y los destinados al fortalecimiento de las identidades nacionales, regionales o locales”. Dos de esas cuatro horas deberán transmitirse en horarios de alta audiencia.

Vuelve la antigua “franja cultural”, ahora “reloaded”… y “¡cuadruplicated!”

La Moneda “haciendo televisión”

El otro pie forzado es la ya mencionada obligación de los canales de transmitir gratuitamente “campañas de utilidad o interés públicos”. Claro; obviamente, se trata de "verdaderas" campañas positivas. Se definen como “transmisiones diseñadas por las autoridades competentes, que se han de emitir con el objeto de proteger a la población y difundir el respeto y promoción de los derechos de las personas”. 

¿Diseñadas por autoridades competentes? ¿En qué democracia del mundo se permite a las “autoridades competentes” diseñar campañas televisivas para que la industria las reproduzca por obligación? ¿Con qué conocimientos y competencias harán el “diseño” de esas campañas?

Se establecen hasta el detalle mínimo las condiciones de estas transmisiones: Podrán durar un máximo de cinco semanas al año, con no  más de 90 segundos por cada transmisión, y hasta catorce transmisiones a la semana.

Pero enseguida se nos explica quién es la autoridad competente: ¡El  Ministerio Secretaría General de Gobierno, que determinará cuales serán las campañas de utilidad o interés públicos! O sea, el ministerio de las comunicaciones (si lo miramos con benevolencia) o de la propaganda (si lo hacemos con malicia) del gobierno de turno. Un ministerio político, que forma parte de la cúpula política del gobierno. El ministerio que encabeza el o la portavoz de La Moneda; sí, ese mismo o esa misma que sale todos los días a pelearse con la oposición.

¡Fuera el "people meter"!

Y el proyecto culmina esta parte con la siguiente pieza de colección:

"A los prestadores de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y de servicios limitados de televisión, se les prohíbe el uso de sistemas de medición de audiencia  en línea”. Es decir, se prohíbe el “rating online”. Fuera el “people meter”.

Por cierto que el uso del rating online es controversial. Muchos ejecutivos y realizadores de la televisión han caído en el abuso de esta herramienta y algunos parecen haberse vuelto adictos. Pero éste es un tema de discusión, de análisis, que sólo puede radicar en los canales, en la academia, en los demás medios... Allá quienes quieran moverse sólo con mediciones de corto plazo, y sacrificar su marca y la fidelidad de sus audiencias. Pero, ¿prohibir por ley? 

¿Acaso nadie imagina que esta prohibición será violada? 

¡La información está ahí! La hace posible la tecnología desde hace décadas. Alguien la tendrá. Y la usará.

Desde este punto en adelante, el proyecto se refiere a las concesiones televisivas y termina incorporando un articulado transitorio que es relevante analizar en su propio mérito. 

"To be continued".