lunes, 16 de mayo de 2011

Caso Kodama: nuevos pasos


El informe de la Contraloría sobre el caso Kodama merece algunas constataciones fundamentales y este lunes ha generado dos o tres cursos de acción que se suman a los que ya venían en desarrollo.
Primero las constataciones:
  1. El organismo contralor es tajante al definir lo ocurrido en el MINVU y el SERVIU como un “ardid” montado para defraudar al Fisco. Gravísimo. Los presuntos responsables están “claritos” y pareciera que lo relevante ahora será lo que investigue el Ministerio Público y sancione la Justicia.
  2. La ex ministra Matte deberá enfrentar también a la Justicia, y cobra mayor interés aún su esperada comparecencia ante el fiscal encargado del caso. Sin embargo, hay una distinción evidente que hacer: Los supuestos culpables del ardid defraudatorio son otros, y las responsabilidades de ella tienen que ver con la delegación de poderes sin control que hizo en su asesor principal, y con la no supervisión de lo sucedido hasta el momento en que detiene el famoso pago de los $ 17.000 millones a Kodama.
  3. El abogado Alvaro Baeza, tal como esperábamos, es difícilmente imputable (que no es lo mismo que decir que no lo es), puesto que ejerció funciones delegadas por la ministra y no era funcionario público. La Contraloría rescata su condición de “agente público”, pero es tal la vaguedad con que describe su situación, que no cabría esperar mucho a su respecto: Dice la entidad que Baeza "no está exento de la posibilidad de que se determine la responsabilidad que le puede corresponder"…
  4. Es increíble la disparidad de cifras que se han ventilado en este caso. O más bien parece broma: De los $ 41.000 millones y fracción que demandaba Kodama originalmente, pasamos a los $ 17.000 millones que había alcanzado a visar la ex ministra… validados por el controvertido estudio del Dictuc. De ahí nos fuimos a los $ 2.800 millones y fracción que determinó el Idiem… que después se corrigieron a $ 2.300 millones y tantos… Y de ahí nos redujimos a los $ 131 millones que establece la Contraloría. Una cifra irrisoria comparada con las anteriores. Lo mismo que una vivienda (ya que estamos...) de 6.500 UF.
Los cursos de acción que se abren a partir de lo anterior:

El ministro Pérez entregando el informe de Contraloría en el CDE.
  1. Se refuerza la acción del Estado frente a la justicia, ahora también por la inmediata decisión del nuevo ministro de la Vivienda, de entregar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, para que estudie e inicie las acciones legales que corresponda. Contundente y resuelto, el ministro, que además sacó hoy mismo del puesto a la jefa de la dirección jurídica del MINVU. Y atención a las dos aristas de lo que podría perseguir el CDE: acciones civiles y criminales.
  2. La Concertación pretende reabrir la vía política, al encomendar a un equipo de juristas analizar todos los antecedentes disponibles y en especial el informe de Contraloría, para determinar si es viable o no una acusación constitucional contra la ex ministra Matte. De acuerdo a la Constitución, ello es posible aunque la autoridad en cuestión haya dejado el cargo, hasta el día 90 desde que lo hizo.
  3. Se mantiene en suspenso la ejecución del cobro de los $ 17.000 millones por parte de Kodama. Una suma que, pese a todas las demás que se han ventilado, sigue siendo la única ejecutable porque la empresa tiene el título que le permitiría cobrarla. Ojo, que es la única suma que un tribunal ha validado.

2 comentarios:

Jorge A. Gómez Arismendi dijo...

Kodama recién comienza, y aunque el gobierno pretende decir que es un caso aislado a diferencia de MopGate, en el fondo se esconde la misma lógica detrás.

Institucionalmente hay vacíos que generan incentivos perversos para que algunos, aprovechando sus nexos con el poder político de turno, intenten obtener alguna tajada.

Y la oportunidad salta a la vista, o se promueven mayores controles al lobby y el choque de intereses, o seguiremos presenciando más casos similares.

Saludos

Mauricio Hofmann dijo...

Gracias por el comentario. En mi opinión, habría que facilitar la transparencia en el lobby para que sepamos quién "cabildea" y con qué fines. Pero cuestión distinta sería lo más feo que podría haber tras el caso Kodama: cohecho y (por lo mismo) soborno.