"Informe Especial" y la verdad

La indignación de la senadora Isabel Allende luego del reportaje de Informe Especial este lunes, ha recordado una vez más los numerosos debates que han encendido en Chile y en muchos países las investigaciones periodísticas que abordan causas judiciales.

Tuvimos acceso directo a esa indignación a primera hora de este martes, en el programa Alerta Temprana de Radio 95 Tres. Conversamos con la senadora Allende y escuchamos de primera mano su protesta contra el reportaje de la víspera en TVN.

Más tarde este mismo martes, difundió una declaración pública escrita, planteando su posición en términos menos resonantes, pero anunciando posibles acciones ante el Congreso. Casi paralelamente, la abogada de la familia, Pamela Pereira, mencionó la posibilidad de reclamar ante el Consejo Nacional de Televisión.

Como antes que periodistas somos seres humanos y ciudadanos, corresponde decir primero que nadie más está en los zapatos de la senadora Allende aparte de ella misma, y nadie puede juzgar sus sentimientos ni emociones frente a situaciones tan desgarradoras como la muerte de su padre, el derrocamiento del gobierno del que ella misma fue parte por lazo sanguíneo, así como las muertes y  desapariciones de otros seres queridos, o su propio exilio (y el de su madre) durante largos años. Son dolores que no se merece nadie.

Cuesta imaginar lo que puede significar volver a remecer la memoria y el alma casi cuatro décadas después, con una investigación judicial recién abierta y una exhumación llevada a cabo hace apenas unos días, y además con la inevitable incertidumbre respecto del término de esta historia.

Pero la investigación de la muerte de Salvador Allende es una causa nacional y pública, y en buena hora lo es. Nos hemos pasado casi 40 años sin tener una verdad jurídica sobre estos hechos, que quede para la historia e impida versiones torcidas, como las ha habido en estos decenios.

Una causa pública... en buena hora

Preparando información con otros fines me topaba en estos días con un párrafo del libro “La Guerra Fría”, en cuya página 245 el autor, Ronald E. Powaski, suelta sin mayor revisión que “en septiembre de 1973 los militares derrocaron al presidente (que fue asesinado) e instauraron una dictadura derechista encabezada por el general Augusto Pinochet”. Tal cual. Allende “asesinado”, contra lo que han sostenido por largos años sus propios cercanos, empezando por la senadora Allende.

Es sólo un ejemplo de las versiones que desde 1973 han circulado por el mundo. Cuando no hay verdad jurídica establecida en derecho, suelen cundir los mitos y las leyendas. Por eso es importante establecerla: Para conseguir las certezas que necesita la familia Allende; las que esperan todos sus cercanos; las que requieren los sectores políticos, de Chile y el mundo, que respaldaron y/o formaron parte de la Unidad Popular y su proyecto; las certezas que también urgen para los que integraron o apoyaron el régimen militar; y las que nos merecemos todos los chilenos.

Por eso, parece justo valorar la decisión de la Corte Suprema, de abrir una causa sobre la muerte de Allende por primera vez en 37 años.

Libertad con margen de error

Pero, entonces, esto abre un escenario nuevo: Hay una causa actual y en curso, que la familia Allende no ha impugnado. Y en una democracia con libertad de expresión, todos tenemos derecho a conocer los pormenores de las causas judiciales. Y los medios de comunicación tienen no sólo el derecho, sino el deber (a veces olvidado o postergado) de investigar, hacer luz sobre los hechos, e informar a la opinión pública.

Es lo que ocurre (y está bien que así sea) con todas las causas judiciales de interés público, aun cuando recién estén iniciándose; aun cuando estén en pleno desarrollo y no haya sentencia de última instancia, ejecutoriada e irreversible. Todos los días, los medios y los periodistas cubrimos y analizamos casos judiciales, damos tribuna y ponemos atención a lo que dicen acusadores y acusados, abogados querellantes y defensores, testigos y peritos.

Obviamente, mucho de lo que unos u otros dicen puede ser verdad… y mucho de lo que unos u otros dicen puede ser mentira. Ineludiblemente, y aunque haya matices, en todo juicio una parte dice la verdad y la otra miente.

Mientras no haya certeza jurídica establecida por sentencia irreversible de última instancia, desde un comienzo asumimos (y es bueno que así sea) que todo aquello es falible; que todo es “presunto” y nadie puede dar garantías de que es cierto e indesmentible. En democracia y con libertad de expresión, todos toleramos esa cuota de incertidumbre transitoria y tenemos derecho incluso a construir nuestros propios prejuicios, a la espera de la bendita certeza jurídica. Y lo toleramos porque es mejor eso a la opacidad o (peor aún) a la censura en torno a las investigaciones judiciales. Porque la difusión pública y abierta, sin más límites que los establecidos por la ley, es la mejor fiscalización que la propia sociedad puede hacer de la justicia y de sus instituciones.

IE cumplió con su deber

Por eso defiendo a TVN y a Informe Especial: Trabajando en serio, un equipo periodístico obtuvo una información pertinente y relevante sobre un hecho de la mayor importancia histórica; indagó en su origen y contrastó los datos; encontró una validación técnica falible, pero respetable, y la compartió con la opinión pública. Informe Especial cumplió con su deber.

Más todavía: Bien pudo caer en la tentación de exacerbar detalles, de jugarse por una tesis riesgosa que podría resultar errónea. Pero no lo hizo, al punto que desde un comienzo planteó su estremecedora información como base para una interrogante crucial, que emerge frente a una versión asumida hasta ahora como la más creíble, y no como una certeza. ¿Qué más elocuente de esa decisión editorial que titular el reportaje como “La Duda”?

Toda pieza periodística es perfectible, y con seguridad la de este lunes también lo es. Pero Informe Especial no prejuzgó ni menos dictó sentencia anticipada. Sólo planteó esa duda, fundada en información que no podía ocultar. Si TVN la hubiera ocultado, sí tendríamos que estar todos reclamando ante el Congreso, los tribunales y (Dios nos libre) el Consejo Nacional de Televisión.

Ni en este caso ni en ningún otro, los medios de comunicación están obligados a dar garantías de que todo lo que difunden es verdadero. Si tuvieran esa obligación, no existiría la prensa y no podríamos hablar de libertad de expresión. 

Los casos judiciales no podrían ser cubiertos ni difundidos, porque, por definición, son casos en que hay “verdades” contrapuestas. Todos los días, mucha gente miente en los noticiarios y en los diarios. Y la diferencia entre las versiones verdaderas y las falsas, en las causas judiciales, no terminan de establecerse (aunque muchos a veces nos perdamos en el camino y dictemos nuestras propias condenas) sino hasta el final.

Unas palabras al cierre...

Por último, en buena hora sobreviven los programas y los equipos periodísticos que pueden dedicar al menos parte de sus temporadas a temas y acontecimientos de importancia auténtica para un país y su historia, en lugar de despilfarrar talentos en los hechos menores y anecdóticos con que nos saturan hasta la náusea a toda hora del día.