El "acuerdo por la paz y una nueva constitución" conseguido en la madrugada de este 15 de noviembre de 2019 deja grabada esta fecha en nuestra historia política y no vamos a olvidar nunca esta primavera de Chile.
Pero lo que no debemos olvidar tampoco es que millones de chilenos van a seguir viviendo su crudo invierno de todos los días, ahora dificultado para muchos por la violencia y la destrucción, o pronto por la cesantía y la inminente recesión.
El costo del cambio y de la esperanza es un costo social.
Hemos visto en estos días los testimonios generosos de quienes dicen: "sí, me estoy demorando dos horas más por la falta de metro", o "estoy vendiendo menos" o "puedo perder la pega"... "pero si es por los cambios que necesitamos, vale la pena".
Hay quienes han sido violentados por agentes del Estado, perdido los ojos o hasta la vida... y conmueve oír a algunos sobrevivientes diciendo también: "ojalá valga la pena".
Pero no nos engañemos: pueden ser tantos o más los que han perdido la esperanza o endurecido sus miradas en estas cuatro semanas. Y nadie tiene derecho a exigirles que sean héroes de ninguna causa.
Los demás: los empresarios, el gobierno, los parlamentarios, y todos los que la estamos sacando barata, no podemos ignorarlos.
El camino constituyente que estamos iniciando no va a terminar antes de fines de 2021. Vamos a estar dos años en eso. Y millones de chilenos no pueden esperar dos años.
Antes de su acuerdo de hoy, la clase política, con todos sus defectos, sí ha logrado también sacar adelante reformas sociales con la actual Constitución, o a pesar de ella. Reformas que han puesto al Estado como actor clave de las soluciones.
Ahí tenemos el plan Auge de Lagos, el pilar solidario en pensiones de Bachelet I, el posnatal extendido de Piñera I, la gratuidad de Bachelet II...
El sistema de pensiones está normado por un decreto, el 3.500... No se necesita una nueva constitución para reformarlo.
Sí se requiere voluntad política, un acuerdo mayoritario en el Congreso y, fundamental: presupuesto.
Por lo mismo, la economía chilena tampoco puede esperar dos años. Y otra vez: no es la nueva Constitución lo que va a hacer crecer el país de nuevo.
Para crecer se necesita paz social y buenas políticas que den confianza, incentiven la inversión y generen empleos. Sólo así van a poder recaudarse los nuevos impuestos que permitirán financiar necesidades gigantescas.
La clase política en ejercicio, en el gobierno y el parlamento, acordó delegar el cambio de la constitución en la ciudadanía.
En buena hora, porque esa clase política tiene que abocarse ya, por completo, y en serio, a la agenda de las urgencias.
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