Caso Karadima, secreto profesional, debido proceso… y territorialidad de la justicia

Independientemente del pronunciamiento que en estas horas podría estar emitiendo el pleno de la Corte Suprema, los últimos hechos relacionados con el caso Karadima motivan una serie de preguntas.

A raíz de la incautación del expediente eclesiástico por parte de la ministra en visita Jessica González, hemos visto por varios días una abrumadora cantidad de críticas y cuestionamientos a esa diligencia judicial: desde el Colegio de Abogados a los decanatos de derecho de las universidades más distintas; desde Miguel Schweitzer a Carlos Peña, por personalizar estas reacciones en dos juristas que probablemente discrepan en casi todo lo demás.

Todos hacen referencia a un punto específico: la inviolabilidad del secreto profesional, en este caso de los abogados en juicio.

¿Quién es el defensor?

Pero pocos han reparado en que el abogado Juan Pablo Bulnes no es el defensor penal de Karadima; no es parte en esta causa. El abogado de Karadima se llama Cristián Muga, y a él nadie le ha incautado nada.

Es más: Muga y quien encabeza el equipo de la defensa penal de Karadima (Luis Ortiz Quiroga) han hecho comentarios públicos favoreciendo que todos los antecedentes estén sobre la mesa; incluso, fueron los más entusiastas partidarios de que se nombrara un magistrado en visita.

Bulnes fue en su momento el profesional que asesoró a Karadima en el proceso eclesiástico, que en su primera instancia arrojó una sentencia condenatoria contundente bajo los parámetros del derecho canónico.

Sin embargo, cuidado con esto: se suele decir muy livianamente que Bulnes fue el defensor de Karadima en el “juicio canónico”. Al parecer, las palabras aquí están llevando a equívocos, porque se tiende a asimilar ese proceso, llevado a cabo por la Santa Sede, a un proceso penal efectuado por otro Estado. No fue exactamente así. Fue un proceso de naturaleza distinta y no comparable.

¿"Juicio” canónico?

Primero, no consistió propiamente en un juicio. Por una parte, se hizo en ausencia, en Roma, y muchas veces desde Chile se ha cuestionado este tipo de procesos llevados a cabo en territorios extranjeros sin presencia del acusado ni actuación directa de una defensa. Curiosamente, en medio de la euforia con que muchos celebraron el resultado de ese proceso, cabe preguntarse si alguien ha reparado en que ese proceso no reunió las características de un juicio propiamente tal; no cumplió con los estándares de un debido proceso.

¿Podemos decir con propiedad que el abogado Bulnes fue el “defensor” en ese proceso? ¿Cuándo se desarrolló el verdadero juicio? ¿Cuándo terminó la fase investigativa y se inició la etapa de la acusación? ¿Cuándo se formuló la acusación y se dio paso a la fase de los descargos? ¿En qué momento se rindieron las pruebas? ¿Cuándo se celebraron los alegatos de las partes? ¿Cuándo se inició la fase de deliberación del tribunal?

Notificación sin “exhorto”

Lo único que sabemos es que hubo una investigación extremadamente compleja; se reunieron al parecer muchos antecedentes… y finalmente nos sorprendimos con que había una sentencia. Es más: la sentencia estaba en Santiago desde el 16 de enero de 2011 y fue notificada al día siguiente sólo a una de las partes, fuera de la jurisdicción del tribunal (Santa Sede) por el arzobispo Ezzati aquí en Santiago: al condenado.

Sólo un mes más tarde, el 17 de febrero, el arzobispo Ezzati informó públicamente de esa condena en conferencia de prensa.

Curiosamente,  quizás porque estábamos en medio del mes de vacaciones preferido por la mayoría de los chilenos, nadie reclamó un trámite entre estados o un rol de ambas cancillerías para transmitir ese fallo a Chile. La condena y su respectiva notificación pasó directamente desde el Vaticano al Arzobispado de Santiago, y el arzobispo notificó sin preguntarle a nadie, de manera asimétrica, porque no procedió de forma equivalente con los acusadores que supuestamente eran partes en el proceso igual que Karadima.

El propio arzobispo declaró en ese momento que no entregaría esos antecedentes a la justicia del crimen (no insistamos en llamarla “civil”, por favor) porque “son cosas totalmente diferentes”.

Pero ¿por qué la ministra en visita, que tiene facultades jurisdiccionales, tiene que iniciar el engorroso trámite del exhorto para obtener que Roma envíe un expediente que ya está en Chile desde hace tres meses, sin haber mediado en su momento ningún exhorto, y que incluso ya fue notificado a una de las partes?

¿De qué estamos hablando, entonces? ¿Fue lo de la Iglesia verdaderamente un juicio? ¿Fue un debido proceso? Si no lo fue, ¿podemos hablar de un abogado defensor con todas las de la ley? Más bien habría que concluir que fue una histórica investigación de la Iglesia, sin precedentes en lo que dice relación con Chile, extremadamente compleja y sensible, asombrosamente rápida y sumaria, concluyente en su desenlace, altamente valorable por su aparente contundencia, y favorablemente comparada con el papel que hasta entonces había tenido la justicia penal. Un golpe a la cátedra. Simplemente admirable. Pero de juicio real, de debido proceso bajo los parámetros de las leyes en los Estados de Derecho, poco. Su naturaleza fue distinta; lo dijo el arzobispo Ezzati.

De manera que no podemos tan fácilmente asimilar el rol del abogado Bulnes al papel que cumple el defensor de un imputado en un Estado de Derecho en forma. Hay apenas rasgos de un rol más o menos semejante o análogo, pero no sería lo mismo.

¿Justicia extraterritorial?

A propósito del proceso llevado a cabo en la Santa Sede, y del error de asimilarlo a un proceso penal, cabe preguntarse algo más: ¿Desde cuándo en Chile se acepta unánimemente y casi alegremente la extraterritorialidad de la Justicia? ¿Que no cuestionábamos casi todos las facultades que se atribuía el juez Garzón y los tribunales británicos para enjuiciar a Pinochet? ¿Que no defendíamos la territorialidad de la justicia y el derecho exclusivo y excluyente de los tribunales chilenos para juzgar al general?

Era eso lo que defendía entonces el presidente Frei, su canciller socialista Insulza, todo el centro político y por supuesto la derecha en pleno. Y todos ellos sostenían ese principio, incluso a pesar de que España y Gran Bretaña son democracias, con Estados de Derecho en forma, con separación entre los poderes. También lo hacían a pesar de que las democracias de Occidente entre las cuales nos contamos, venían debatiendo por años (y también aplicando) principios nuevos del derecho internacional, como la universalidad de los derechos humanos y la extraterritorialidad de los crímenes de lesa humanidad.

¿Quién reclamó en esos meses de 2010 contra ese “juicio en ausencia” llevado a cabo en Roma, no en territorio nacional, para juzgar  presuntos delitos cometidos en territorio chileno, por chilenos, contra víctimas chilenas? ¿Dónde quedó entonces el principio de la territorialidad de la justicia, si ni siquiera esta vez estamos hablando de crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo es que una década atrás cuestionábamos las facultades de sistemas judiciales como los de España y el Reino Unido, reconocidos como Estados de Derecho, y ahora nadie cuestionó un proceso llevado a cabo en un Estado reconocido, pero no un Estado de Derecho en forma, con tribunales independientes y con debido proceso, al menos  tal como lo entendemos desde hace ya largo tiempo en Chile?

¿O es que sin quererlo nos estamos sumando tempranamente a esas voces que en el mundo están planteando la tesis de que los abusos sexuales cometidos por sacerdotes son en realidad crímenes de lesa humanidad, puesto que consisten en delitos que violan los derechos humanos de las víctimas, perpetrados por “agentes del Estado”, en este caso el Estado Vaticano? ¿Estamos llegando a ese punto?

Pero volviendo a lo que tenemos al alcance de la vista: ¿Podemos considerar impropia la incautación de una sentencia canónica que está desde hace tres meses en Chile, que en su momento no implicó reclamos relacionados con jurisdicciones diferentes entre Estados, y que incluso fue notificada a una de las partes? Y por último, ¿que no tenemos todos, incluidos los jefes de la Iglesia, la obligación legal de denunciar a la Justicia todo presunto delito del cual tengamos noticia?