Iglesia Católica y abusos sexuales: El nuevo protocolo

La imagen da cuenta de los nuevos tiempos.
Mientras el secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Valparaíso daba a conocer el nuevo PROTOCOLO ANTE DENUNCIAS CONTRA CLÉRIGOS POR ABUSOS DE MENORES, la página web de la Iglesia Católica chilena ya publicaba la información de prensa y el texto íntegro del documento.
Ocurre 15 días después de la última asamblea plenaria de los obispos en Punta de Tralca. No es un detalle menor. Estamos ante una rapidez no conocida antes en la Iglesia.
Han cundido en las primeras horas después de este hito los titulares que apuntan a los procesos canónicos, a la posibilidad de que se alarguen los plazos de prescripción de los delitos sexuales cometidos por sacerdotes, a la comisión de religiosos y laicos que se haría cargo de estos temas desde ahora en adelante.



Todo eso está muy bien, y debemos comprender que se trata de tiempos muy difíciles para la institución, de momentos desafiantes para los jefes de la Iglesia, de un verdadero trauma para millones de católicos. Aquí y en el mundo. Hay una nueva actitud de la Iglesia Católica frente a estos temas, y probablemente muchos digan que en estos años (en algunos países antes; en otros, como en Chile, al parecer después) se está viviendo un gran cambio en ella.




LO QUE INTERESA
MÁS ALLÁ DEL TRAUMA EN LA IGLESIA

Pero a mi juicio, desde un punto de vista de la sociedad y de lo que podemos analizar en los medios, no es eso lo más relevante ahora. Dejemos a los historiadores de la Iglesia, a los canonistas, a los vaticanistas o a los opinólogos de la Iglesia el análisis de lo que este Protocolo significa para la institución, para el clero y para la feligresía.
En mi opinión, lo relevante en lo concreto y en estos días, queda explícito en una frase instalada en las primeras líneas del nuevo documento: "Con caridad, pero con justicia".
La caridad, que se relaciona para los cristianos con el amor a Dios por encima de la simpatía que podamos sentir hacia nuestros semejantes, tendría que entenderse a la luz del Protocolo extendida no sólo a los victimarios, sino (¡al fin!) hacia las víctimas. Y lo mismo la justicia. Justicia en sentido amplio, según se comprende al leer el documento completo, y no sólo justicia canónica.
Ese es el aspecto que interesa hoy. Dicho de otra forma, que la Iglesia viva su complejísimo problema por dentro y en los tiempos que le tome, que pueden ser largos. A nosotros, ciudadanos, y no sólo católicos, hoy nos importa más la nueva transparencia, la obligación explícita de denunciar los delitos a los tribunales ordinarios, la no obstrucción a la Justicia. Eso es lo que cuenta en un estado de derecho donde las víctimas de todo delito y la sociedad entera merecen justicia.


CAMBIO DE LENGUAJE

"Es total nuestro compromiso de velar incesantemente porque estos gravísimos delitos no se repitan", dice el documento.
Claramente, es otro lenguaje. Cuánto costó que nuestros jerarcas eclesiásticos llamaran a las cosas por sus nombres. Hace casi una década ya el Papa Juan Pablo II había hablado con todas sus letras de "crímenes" refiriéndose a los abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Pero qué difícil parecía asumir la gravedad de los hechos y usar los términos correspondientes. Delitos. Crímenes. Que eso es lo que son.
"Para enfrentar este tipo de delitos aberrantes...", abunda el Protocolo.

INVESTIGAR INCLUSO ANTE RUMORES

Una novedad del documento es la celeridad que se impone a la reacción de las autoridades de la propia Iglesia cuando tengan "noticia" de abusos. Y se entiende por "noticia" todo nivel y calidad de información que ellas reciban; no sólo denuncias formales por escrito con siete copias. No; incluso ante rumores van a tener que reaccionar y comenzar a investigar.
Un punto clave es que esa obligación va acompañada de otra, igualmente expresa: la de "no desconocer" el cumplimiento de las leyes civiles desde las "etapas preliminares". Esto es, junto con los primeros pasos apenas recibidas esas "noticias" de algún abuso (incluso rumores), se deberá considerar la denuncia ante la justicia penal ordinaria.
Una señal clara de esta nueva actitud frontal y proactiva está reflejada en la siguiente oración: "El mero traslado de diócesis nunca puede ser considerado como una medida preventiva o como pena penal medicinal suficiente". Un verdadero "nunca más", debiéramos concluir. Porque esos recurridos traslados bajo cuerda solían ser el instrumento del encubrimiento y la evasión de la justicia.

¿CONTIENDA DE COMPETENCIAS ENTRE ESTADOS?

Un aspecto más polémico del Protocolo de los obispos está contenido en afirmaciones como que "la Iglesia no es una corporación privada; así tampoco está sometida a Estado alguno"... o "la presencia de la Iglesia no se encuentra circunscrita a los límites territoriales de los Estados". 
Pero el número 38 del documento lo aclara todo: "Nada exime a un clérigo de responder por sus actos ante la justicia civil". Es más: "El hecho de ser un ministro de la Iglesia no exime de este deber; por el contrario, moralmente lo refuerza".
Se entiende así que la Iglesia busca delimitar un campo de acción propio en el que nadie tendría que entrometerse (determinado además por su condición de institución universal más allá de las fronteras entre Estados), pero finalmente no desconoce y, al contrario, reivindica y acata, el orden civil y el estado de derecho. Una cosa no quita la otra.
Cuesta recordar otro documento donde se dijera tan nítidamente que los clérigos son ciudadanos y tienen que cumplir, obviamente, con todo lo que debemos cumplir todos los demás ciudadanos.

DENUNCIAR EN 24 HORAS

Los obispos imponen a todos quienes tengan las responsabilidades señaladas por el Código Penal (no por las leyes canónicas) la obligación de denunciar los abusos a los tribunales ordinarios... ¡dentro de 24 horas! de recibida la información de un posible hecho criminal de esta naturaleza.

QUIÉNES SON ENCUBRIDORES

Y deja aún más claras las cosas al señalar que "participan en el delito como encubridores" quienes dificulten la investigación de los hechos "y quienes alberguen, oculten o proporcionen la fuga del culpable".
Finalmente, el Protocolo refleja otra actitud no conocida hasta hoy: La Iglesia debe ayudar a las víctimas incluso a encontrar abogado para la causa penal en la justicia ordinaria.

UN ANTES Y UN DESPUÉS

Más allá del necesario debate, el documento alcanza niveles de claridad sin precedentes y, por si hay dudas, incluye hasta un glosario y un gráfico de las etapas a seguir para acoger cualquier información sobre abusos sexuales, indagarla y denunciar a la justicia.
Nunca se había abordado de esta forma el tema.
Este 26 de abril se marcó un antes y un después.