No más "guarismo" ni paros ilegales

Es una rutina que se repite cada año: paro de trabajadores del sector público y un improbable acuerdo sobre el reajuste y otros derechos o beneficios. No dejemos de mencionar la horrorosa palabra mágica: “el guarismo”.

Consecuencia: miles de ciudadanos sin poder hacer un montón de trámites en oficinas del Estado.

Estos paros son casi una institución, a pesar de que son ilegales. Y son ilegales, pero nadie responde ante la ley. 

O sea, la ley es letra muerta. Un absurdo en un Estado de Derecho.

Claro, porque las negociaciones salariales en la administración pública no están regladas. 

Lo absurdo está en que desde el año 94 los trabajadores de la administración del Estado tienen derecho a asociarse, pero no se sabe bien para qué: No se establecen normas para negociar. Nada hay sobre procedimientos, participantes plazos ni mecanismos de solución de desacuerdos o conflictos. 

Todo ocurre de facto. Y así hemos tenido paros eternos y tremendamente dañinos para demasiada gente, como los del Registro Civil; o especialmente sensibles, como los del Servicio Médico Legal. Para qué decir los de los gremios de la salud.

A veces, sale humo blanco, y de las negociaciones bajo presión surge un “protocolo de acuerdo”. Pero ninguna ley habla de protocolos; no son vinculantes. Sólo operan sobre la buena fe. Sin garantías.

Chile está atrasado en esto. 

La modernización del Estado debiera partir por regular las negociaciones laborales en todo el aparato estatal. 

Que lo jurídico no choque con lo fáctico. Que Chile deje de violar el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo.

¿Huelgas legales en la administración pública? 

No necesariamente. Hay otros mecanismos, como la mediación, el arbitraje, la conciliación.

Y si en todas o algunas reparticiones del Estado se abre la posibilidad de huelga, que todos tengamos claridad sobre cosas que operan en el sector privado: duración de la negociación, descuelgue y sus restricciones, reemplazo con condiciones… hasta materias que incluso en el ámbito privado falta por definir bien, como los servicios mínimos y la extensión de beneficios. 

Y algo clave: duración de los contratos colectivos, para evitar este costoso proceso anual, cada vez con el bendito guarismo y el protocolo de acuerdo…. o peor, el proyecto de ley sin acuerdo.

Caso Catrillanca: Después de las cabezas que han rodado

El gobierno optó por sacar del cargo al intendente de la Araucanía. Más que una renuncia asumiendo responsabilidades, fue una salida forzada, con recriminaciones en lugar de autocrítica. 

No es lo que pasa en democracias asentadas, donde las responsabilidades se asumen con todo, reconociendo los errores, descontaminando a los que se quedan y permitiendo reconstruir en un escenario nuevo.

Pero, al menos, la válvula de escape se abrió, la acusación constitucional que venía se cayó y los dardos contra el ministro del Interior probablemente van a quedar limitados a la interpelación ya aprobada en la Cámara de Diputados, sin mayores consecuencias.

Eso, en lo político. 

En lo policial, dados de baja ya los carabineros directamente vinculados con el caso Catrillanca y pasados a retiro los mandos regionales, el foco puede empezar a ponerse ahora en la recomposición de la convivencia en la Araucanía y en soluciones nacionales a futuro, por una parte; y en la reforma a la policía y el resguardo de la seguridad pública en la región, por la otra.

La gran diferencia que debiera marcarse de aquí en adelante es que todas esas cosas tienen que conversar, ser coherentes. No como hasta ahora, con Plan Araucanía por un lado y Comando Jungla por el otro.

Ahí está lo difícil, porque junto con restaurar el diálogo no se puede abandonar, por ejemplo, la prevención, la investigación y la sanción de los hechos de violencia, que han recrudecido después de la muerte de Camilo Catrillanca.

En una semana, suman decenas los atentados violentos a predios, galpones, viviendas, templos, recintos de veraneo y vehículos. Ninguno fue detectado antes ni menos evitado; ¿cuántos detenidos, cuántos imputados hay? ¿Se está inhibiendo la policía? ¿De qué sirve entonces que hasta hoy, la fuerza especial instalada en la zona siga allí? ¿Es inapta? ¿Es inepta?

La consecuencia de todo esto no es otra que la impunidad.

Pero lo que todos tenemos que entender es que un trabajo eficaz y legítimo en el ámbito de la seguridad, no puede ir separado ni menos ser contradictorio con la restauración de la convivencia y de la paz. 

La historia muestra que siempre, siempre, cuando no hay paz, pierden los que no tienen o no pueden usar la fuerza.

"Roedores" en el mercado de los medicamentos

“Jorge, necesitamos juntarnos con los roedores antes que te vayas tú, para definir los pasos a seguir; llama al roedor chico y dile que nos juntemos a almorzar en el club Vasco”…

Roedores, ratas y reptiles… así se referían unos a otros los máximos ejecutivos de los laboratorios que se coludieron durante 14 años para adjudicarse las licitaciones que hacía la Central Nacional de Abastecimientos, para comprar medicamentos inyectables destinados a hospitales y consultorios públicos.

Dejaban fuera de competencia a los que no estaban en el cartel, y elegían quién ofrecía cada vez el menor precio para adjudicarse la licitación.

Así se “ganaron” casi todas las licitaciones entre 1999 y 2013, haciendo que la Cenabast pagara mucho más de lo que correspondía: puro daño al patrimonio del Estado, que financiamos todos.

Ya sabíamos de la colusión de las grandes cadenas de farmacias.

También, cuánto más caros son los remedios en Chile que en otros países. 

Lo que no terminamos de asimilar son las dimensiones de los abusos en toda la escala del negocio de los medicamentos. 

Ahora, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia nos dio una noción: multó en casi 30 millones de dólares a los dos laboratorios que protagonizaron la colusión; menos mal: esto es más contundente que las multas a las farmacias años atrás…; el tercer laboratorio zafó, porque se acogió a la delación compensada. 

Cárcel no hay para nadie, porque la nueva ley anticolusión se promulgó después de los hechos, recién en 2016.

Es más: aparte del juicio del tribunal antimonopolios, el ministerio público formalizó en marzo cargos por estafas reiteradas… pero hasta ahí no más llegó: salidas alternativas, multa irrisoria, y apenas arraigo nacional con firma quincenal para el principal imputado. El Consejo de Defensa del Estado aceptó este arreglo.

Así estamos.

El mercado de los medicamentos no da para más. Junto con las listas de espera en la salud pública y las falencias de Fonasa; junto con la discriminación insostenible en la salud privada encarnada en las isapres; los remedios son el tercer lado de este triángulo de la salud en problemas que tenemos en Chile. 

De paso, se instala una gran duda sobre las capacidades de la Cenabast para intervenir el mercado, adquiriendo medicamentos como gran poder comprador para hacer bajar los precios, como se ha planteado, porque fue defraudada durante más de una década sin que saltaran las alarmas y al final lo hicieran por otro lado: por Contraloría, después de años de fraude.

Nos preguntamos si todo este cuadro no ameritaba crear la primera de las comisiones presidenciales que han trabajado en otros temas durante el año, y que en buena hora lo han hecho.

Para que no tengamos que estar nunca más sujetos a las conductas delictuales de esos autodenominados “roedores”… con perdón de las ratas que habitan nuestras alcantarillas.

Pensiones: ¿Acuerdos a la vista?

Recién comienza el trámite legislativo de la reforma a las pensiones, y empiezan a dibujarse algunas ideas para mejorarla, como se suele decir que se hace en el Congreso.
El gobierno sabe, aunque no lo declare, que tendrá que cambiar su proyecto. La oposición reconoce, aunque no lo diga, que tendrá que aceptar la parte medular de la propuesta oficial.

Por ejemplo, el gobierno parece no dispuesto a ceder en que los cuatro puntos adicionales de cotización vayan completos a las cuentas individuales de los trabajadores. Pero quizás podría aceptar que se sume un punto más a alguna modalidad solidaria, sea para financiar pensiones medias actuales o algún tipo de seguro colectivo. Con eso, la reforma coincidiría en parte con la que había enviado el gobierno anterior, y eso podría gustarle a la oposición.

Para el gobierno no sería perder nada fundamental; de hecho, ya está incorporando un componente colectivo, con el 0,2 por ciento adicional que iría a un seguro para los pensionados no autovalentes. Ya se metió en esa lógica.

Otro punto crucial es acelerar el aumento de la cotización para que no demore ocho años, y los resultados totales no se vean en tantas décadas. El peligro es dañar el empleo y los sueldos.

Pero hay mecanismos para enfrentar esto, como cambiar la lógica de la reforma tributaria, en una de ésas bajando el impuesto a las empresas (o sea, a los empleadores), incentivando así las contrataciones y compensando el costo laboral… de paso, ayudando a reactivar la inversión… a cambio de volver a subir el impuesto final a los dueños de las empresas, que absurdamente rebajó la reforma tributaria anterior.

Algunos opositores proponen no esperar la discusión completa de los cambios previsionales, e incorporar ya recursos fiscales al pilar solidario, para que el reajuste a las pensiones más bajas sea inmediato, en enero, financiado con el Presupuesto 2019 que tiene que ser despachado antes de fin de mes.

El gobierno rechaza separar esta parte del resto del proyecto; se resiste a aceptar la idea sin tener un compromiso de que la oposición aprobará lo sustancial de su reforma. El problema aquí es que el tiempo apremia este mes.

Todo esto, dicho en simple. Las soluciones técnicas son más complejas.

Pero los expertos las tienen; las están debatiendo en seminarios y documentos. Ahora deben persuadir a los políticos y sacarlos de las batallas ideológicas, porque lo que importa no es ser los ganadores en una especie de fin de la historia, sino mejorar las pensiones lo más que se pueda, lo antes posible.