No más "guarismo" ni paros ilegales

Es una rutina que se repite cada año: paro de trabajadores del sector público y un improbable acuerdo sobre el reajuste y otros derechos o beneficios. No dejemos de mencionar la horrorosa palabra mágica: “el guarismo”.

Consecuencia: miles de ciudadanos sin poder hacer un montón de trámites en oficinas del Estado.

Estos paros son casi una institución, a pesar de que son ilegales. Y son ilegales, pero nadie responde ante la ley. 

O sea, la ley es letra muerta. Un absurdo en un Estado de Derecho.

Claro, porque las negociaciones salariales en la administración pública no están regladas. 

Lo absurdo está en que desde el año 94 los trabajadores de la administración del Estado tienen derecho a asociarse, pero no se sabe bien para qué: No se establecen normas para negociar. Nada hay sobre procedimientos, participantes plazos ni mecanismos de solución de desacuerdos o conflictos. 

Todo ocurre de facto. Y así hemos tenido paros eternos y tremendamente dañinos para demasiada gente, como los del Registro Civil; o especialmente sensibles, como los del Servicio Médico Legal. Para qué decir los de los gremios de la salud.

A veces, sale humo blanco, y de las negociaciones bajo presión surge un “protocolo de acuerdo”. Pero ninguna ley habla de protocolos; no son vinculantes. Sólo operan sobre la buena fe. Sin garantías.

Chile está atrasado en esto. 

La modernización del Estado debiera partir por regular las negociaciones laborales en todo el aparato estatal. 

Que lo jurídico no choque con lo fáctico. Que Chile deje de violar el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo.

¿Huelgas legales en la administración pública? 

No necesariamente. Hay otros mecanismos, como la mediación, el arbitraje, la conciliación.

Y si en todas o algunas reparticiones del Estado se abre la posibilidad de huelga, que todos tengamos claridad sobre cosas que operan en el sector privado: duración de la negociación, descuelgue y sus restricciones, reemplazo con condiciones… hasta materias que incluso en el ámbito privado falta por definir bien, como los servicios mínimos y la extensión de beneficios. 

Y algo clave: duración de los contratos colectivos, para evitar este costoso proceso anual, cada vez con el bendito guarismo y el protocolo de acuerdo…. o peor, el proyecto de ley sin acuerdo.