Corrupción en la Corte

Corrupción en la Corte de Rancagua: Casos de alto interés público se han ventilado en O'Higgins. ¿No habrá por ahí culpables libres o inocentes presos... por razones de plata? #ElADNdelDía

El escándalo de presunta corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua enciende alarmas que debieran estar sonando mucho más allá (y más acá) de la región de O’Higgins. 

Que no sea solo un juez, un caso aislado, sino tres ministros de ese tribunal intermedio, más una veintena de abogados y otros funcionarios los que están siendo investigados, nos habla de toda una estructura, probablemente dedicada a violar la ley nada menos que en la tarea de impartir justicia.

Eso sugiere que ha sido sistemático, perdurable en el tiempo quizás por años, y supone complicidades, redes de protección, pactos de silencio y, al menos, vistas gordas negligentes, quizás más arriba. 

Si muchos casos judiciales terminan en una Corte de Apelaciones, y sólo excepcionalmente llegan a la Suprema, esa Corte de Apelaciones, en esos casos, es EL tribunal superior; el que dicta sentencias finales; esas que establecen verdades jurídicas. Si hubo en esos fallos tráfico de influencias, o corrió plata para que fueran dictados en una u otra dirección, estamos hablando de algo verdaderamente siniestro. 

En la Región de O’Higgins se han ventilado casos de connotación nacional en el último par de décadas: el tráfico de revisiones técnicas y el llamado “caso coimas” a comienzos de los dos mil; el caso Caval, con todas sus aristas; el escándalo conocido como “la familia” o “la cofradía” de abusos sexuales en parroquias de la zona; las acusaciones al ex canciller de la Iglesia de Santiago; las responsabilidades de la eléctrica CGE en los incendios de 2017… y otros.

En varias de estas causas, cabe volver a preguntarse: ¿A ver? ¿Qué resolvió la Corte? ¿Pagó alguien para que resolviera así?

Más allá (o más acá) de Rancagua: Ninguna medida “antidelincuencia” como las que vociferan a menudo las autoridades, tiene ningún sentido si los jueces son incapaces, o negligentes, y menos todavía si son corruptos. 

No sacamos nada con aumentar penas, rebajar edades de responsabilidad penal, establecer controles preventivos para pillar a “los malos”, si los malos están sentados en los tribunales dictando resoluciones que tienen un precio en plata.

No podemos no preguntarnos si ahora mismo no habrá por ahí culpables que están libres porque pagaron… o, mucho peor aún, inocentes que están presos porque no pagaron.