Populismo al día

¿Cuántos puntos habrá recuperado el gobierno desde el domingo, cuando se anunció que Chile no iba a aprobar el Pacto Migratorio de la ONU? ¿Cuántos puntos habrá perdido en estos días la oposición, que ha criticado duramente al gobierno por eso?

Detrás de la reacción aparentemente mayoritaria de apoyo a la decisión oficial, puede estar el mismo fenómeno que ha hecho prosperar el populismo en el mundo. Ojo con esto: Hay que atenderlo, no ningunearlo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice textualmente en su artículo 13: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”.

El artículo es incompleto, porque sólo habla de “salir” de un país; no de “entrar” a otro. Es cierto: la declaración de 1948 y los pactos posteriores no avanzaron más, porque no se ha conseguido un consenso internacional sobre la recepción de migrantes. Bueno, eso es precisamente lo que busca generar hoy el Pacto Migratorio. Regulando y ordenando, aunque se quiera leer, entender… o vender lo contrario.

Es cierto que la ONU puede necesitar con urgencia una puesta al día. Muchos nos preguntamos por qué no están las Naciones Unidas en algunos de los peores conflictos del planeta; cuestionamos que el control final lo tenga el Consejo de Seguridad de la ONU,  que integran de manera permanente e indefinida sólo las cinco potencias más poderosas con derecho a veto de cualquier resolución; nos violentamos cuando vemos que en su Consejo de Derechos Humanos figuren Estados como China, Cuba, Arabia Saudita, Venezuela, Filipinas, y varios de Africa, con regímenes que no se distinguen por su respeto de los derechos humanos.

Pero es el único foro global donde el mayor número de decisiones internacionales se toma mediante el sistema “un país, un voto”, lo que nos habla de una increíble democracia planetaria, que por algo quiere debilitar, si es que no destruir, Donald Trump. 

Más allá de razones y argumentos, Chile se sumó de un paraguazo al lote de países que están secundando a Trump en su empeño de socavar los acuerdos globales; restar incidencia a la ONU; levantar muros y barreras; y desbalancear los equilibrios de poder en el mundo.

Mandos frágiles

Los chalecos amarillos ganan en Francia: El presidente Macron agacha el moño y retrocede en la decisión de aumentar el impuesto al diesel.

Donald Trump se ablanda y suspende su guerra comercial con China, pero a cambio Xi Jinping cede y se compromete a comprar más productos a Estados Unidos, junto con respetar la propiedad industrial y no seguir copiando sin pagar los costos…

En Chile, el presidente renuncia a su plan de bajar el impuesto a las empresas y tiene que hacer concesiones en varios proyectos de ley, porque la oposición pone barreras en el Congreso.

La política está hecha de cosas como ésas: contiendas que terminan en concesiones; se negocia y se transa, en aras de acuerdos y de cambios siempre parciales. Cuando se logran, la realidad tiende a mejorar.

Donde las concesiones y las bajadas de moño se vuelven perversas, es en instituciones que deben funcionar de manera ordenada, sin deliberación democrática, porque su naturaleza las define de otra manera. Se deben al resguardo del orden y la integridad del Estado o al control del funcionamiento de ese Estado.

Es lo que está pasando en varios organismos.

En Carabineros, los generales directores han tenido que responder, mal o peor, primero por la dafraudación a los chilenos que conocemos como el Pacogate, burlando a gobiernos y legisladores; luego por la invención e implantación de pruebas falsas; ahora por un crimen presuntamente cometido por sus efectivos y hasta por el posible desacato a las condiciones de una detención, si pensamos en el video del ex sargento investigado por el homicidio del comunero Catrillanca. No hay día en que alguien no plantee la renuncia del jefe de la policía.

En el Ejército, el comandante el jefe tiene que rendir cuentas, más allá del Milicogate, por sus imprudencias, reconocidas por él mismo, al hablar a sus subordinados precisamente tratando de mostrar autoridad, ante evidentes cuestionamientos internos. Tan evidentes, que también él mismo acusa cómo el mando en su institución está socavado por reiterados recursos judiciales de subalternos, que buscan revertir órdenes superiores.

En Contraloría, la segunda de a bordo derrota a su jefe en la Corte Suprema, dejándolo en entredicho por haber actuado de manera ilegal y arbitraria, a pesar de encabezar el organismo llamado, precisamente, a vigilar la legalidad y corrección de los actos de los funcionarios del Estado.

Si en democracia las cosas deben debatirse y los acuerdos negociarse de manera que posturas distintas confluyan en acuerdos y reformas que mejoren el país y el mundo en que vivimos, y ésa es la fortaleza y no la debilidad de la democracia… hay organismos donde los mandos frágiles no hacen sino poner en duda, y en una de ésas en peligro, la calidad y la seguridad de la propia democracia.

No más "guarismo" ni paros ilegales

Es una rutina que se repite cada año: paro de trabajadores del sector público y un improbable acuerdo sobre el reajuste y otros derechos o beneficios. No dejemos de mencionar la horrorosa palabra mágica: “el guarismo”.

Consecuencia: miles de ciudadanos sin poder hacer un montón de trámites en oficinas del Estado.

Estos paros son casi una institución, a pesar de que son ilegales. Y son ilegales, pero nadie responde ante la ley. 

O sea, la ley es letra muerta. Un absurdo en un Estado de Derecho.

Claro, porque las negociaciones salariales en la administración pública no están regladas. 

Lo absurdo está en que desde el año 94 los trabajadores de la administración del Estado tienen derecho a asociarse, pero no se sabe bien para qué: No se establecen normas para negociar. Nada hay sobre procedimientos, participantes plazos ni mecanismos de solución de desacuerdos o conflictos. 

Todo ocurre de facto. Y así hemos tenido paros eternos y tremendamente dañinos para demasiada gente, como los del Registro Civil; o especialmente sensibles, como los del Servicio Médico Legal. Para qué decir los de los gremios de la salud.

A veces, sale humo blanco, y de las negociaciones bajo presión surge un “protocolo de acuerdo”. Pero ninguna ley habla de protocolos; no son vinculantes. Sólo operan sobre la buena fe. Sin garantías.

Chile está atrasado en esto. 

La modernización del Estado debiera partir por regular las negociaciones laborales en todo el aparato estatal. 

Que lo jurídico no choque con lo fáctico. Que Chile deje de violar el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo.

¿Huelgas legales en la administración pública? 

No necesariamente. Hay otros mecanismos, como la mediación, el arbitraje, la conciliación.

Y si en todas o algunas reparticiones del Estado se abre la posibilidad de huelga, que todos tengamos claridad sobre cosas que operan en el sector privado: duración de la negociación, descuelgue y sus restricciones, reemplazo con condiciones… hasta materias que incluso en el ámbito privado falta por definir bien, como los servicios mínimos y la extensión de beneficios. 

Y algo clave: duración de los contratos colectivos, para evitar este costoso proceso anual, cada vez con el bendito guarismo y el protocolo de acuerdo…. o peor, el proyecto de ley sin acuerdo.

Caso Catrillanca: Después de las cabezas que han rodado

El gobierno optó por sacar del cargo al intendente de la Araucanía. Más que una renuncia asumiendo responsabilidades, fue una salida forzada, con recriminaciones en lugar de autocrítica. 

No es lo que pasa en democracias asentadas, donde las responsabilidades se asumen con todo, reconociendo los errores, descontaminando a los que se quedan y permitiendo reconstruir en un escenario nuevo.

Pero, al menos, la válvula de escape se abrió, la acusación constitucional que venía se cayó y los dardos contra el ministro del Interior probablemente van a quedar limitados a la interpelación ya aprobada en la Cámara de Diputados, sin mayores consecuencias.

Eso, en lo político. 

En lo policial, dados de baja ya los carabineros directamente vinculados con el caso Catrillanca y pasados a retiro los mandos regionales, el foco puede empezar a ponerse ahora en la recomposición de la convivencia en la Araucanía y en soluciones nacionales a futuro, por una parte; y en la reforma a la policía y el resguardo de la seguridad pública en la región, por la otra.

La gran diferencia que debiera marcarse de aquí en adelante es que todas esas cosas tienen que conversar, ser coherentes. No como hasta ahora, con Plan Araucanía por un lado y Comando Jungla por el otro.

Ahí está lo difícil, porque junto con restaurar el diálogo no se puede abandonar, por ejemplo, la prevención, la investigación y la sanción de los hechos de violencia, que han recrudecido después de la muerte de Camilo Catrillanca.

En una semana, suman decenas los atentados violentos a predios, galpones, viviendas, templos, recintos de veraneo y vehículos. Ninguno fue detectado antes ni menos evitado; ¿cuántos detenidos, cuántos imputados hay? ¿Se está inhibiendo la policía? ¿De qué sirve entonces que hasta hoy, la fuerza especial instalada en la zona siga allí? ¿Es inapta? ¿Es inepta?

La consecuencia de todo esto no es otra que la impunidad.

Pero lo que todos tenemos que entender es que un trabajo eficaz y legítimo en el ámbito de la seguridad, no puede ir separado ni menos ser contradictorio con la restauración de la convivencia y de la paz. 

La historia muestra que siempre, siempre, cuando no hay paz, pierden los que no tienen o no pueden usar la fuerza.

"Roedores" en el mercado de los medicamentos

“Jorge, necesitamos juntarnos con los roedores antes que te vayas tú, para definir los pasos a seguir; llama al roedor chico y dile que nos juntemos a almorzar en el club Vasco”…

Roedores, ratas y reptiles… así se referían unos a otros los máximos ejecutivos de los laboratorios que se coludieron durante 14 años para adjudicarse las licitaciones que hacía la Central Nacional de Abastecimientos, para comprar medicamentos inyectables destinados a hospitales y consultorios públicos.

Dejaban fuera de competencia a los que no estaban en el cartel, y elegían quién ofrecía cada vez el menor precio para adjudicarse la licitación.

Así se “ganaron” casi todas las licitaciones entre 1999 y 2013, haciendo que la Cenabast pagara mucho más de lo que correspondía: puro daño al patrimonio del Estado, que financiamos todos.

Ya sabíamos de la colusión de las grandes cadenas de farmacias.

También, cuánto más caros son los remedios en Chile que en otros países. 

Lo que no terminamos de asimilar son las dimensiones de los abusos en toda la escala del negocio de los medicamentos. 

Ahora, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia nos dio una noción: multó en casi 30 millones de dólares a los dos laboratorios que protagonizaron la colusión; menos mal: esto es más contundente que las multas a las farmacias años atrás…; el tercer laboratorio zafó, porque se acogió a la delación compensada. 

Cárcel no hay para nadie, porque la nueva ley anticolusión se promulgó después de los hechos, recién en 2016.

Es más: aparte del juicio del tribunal antimonopolios, el ministerio público formalizó en marzo cargos por estafas reiteradas… pero hasta ahí no más llegó: salidas alternativas, multa irrisoria, y apenas arraigo nacional con firma quincenal para el principal imputado. El Consejo de Defensa del Estado aceptó este arreglo.

Así estamos.

El mercado de los medicamentos no da para más. Junto con las listas de espera en la salud pública y las falencias de Fonasa; junto con la discriminación insostenible en la salud privada encarnada en las isapres; los remedios son el tercer lado de este triángulo de la salud en problemas que tenemos en Chile. 

De paso, se instala una gran duda sobre las capacidades de la Cenabast para intervenir el mercado, adquiriendo medicamentos como gran poder comprador para hacer bajar los precios, como se ha planteado, porque fue defraudada durante más de una década sin que saltaran las alarmas y al final lo hicieran por otro lado: por Contraloría, después de años de fraude.

Nos preguntamos si todo este cuadro no ameritaba crear la primera de las comisiones presidenciales que han trabajado en otros temas durante el año, y que en buena hora lo han hecho.

Para que no tengamos que estar nunca más sujetos a las conductas delictuales de esos autodenominados “roedores”… con perdón de las ratas que habitan nuestras alcantarillas.