Populismo al día

¿Cuántos puntos habrá recuperado el gobierno desde el domingo, cuando se anunció que Chile no iba a aprobar el Pacto Migratorio de la ONU? ¿Cuántos puntos habrá perdido en estos días la oposición, que ha criticado duramente al gobierno por eso?

Detrás de la reacción aparentemente mayoritaria de apoyo a la decisión oficial, puede estar el mismo fenómeno que ha hecho prosperar el populismo en el mundo. Ojo con esto: Hay que atenderlo, no ningunearlo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice textualmente en su artículo 13: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”.

El artículo es incompleto, porque sólo habla de “salir” de un país; no de “entrar” a otro. Es cierto: la declaración de 1948 y los pactos posteriores no avanzaron más, porque no se ha conseguido un consenso internacional sobre la recepción de migrantes. Bueno, eso es precisamente lo que busca generar hoy el Pacto Migratorio. Regulando y ordenando, aunque se quiera leer, entender… o vender lo contrario.

Es cierto que la ONU puede necesitar con urgencia una puesta al día. Muchos nos preguntamos por qué no están las Naciones Unidas en algunos de los peores conflictos del planeta; cuestionamos que el control final lo tenga el Consejo de Seguridad de la ONU,  que integran de manera permanente e indefinida sólo las cinco potencias más poderosas con derecho a veto de cualquier resolución; nos violentamos cuando vemos que en su Consejo de Derechos Humanos figuren Estados como China, Cuba, Arabia Saudita, Venezuela, Filipinas, y varios de Africa, con regímenes que no se distinguen por su respeto de los derechos humanos.

Pero es el único foro global donde el mayor número de decisiones internacionales se toma mediante el sistema “un país, un voto”, lo que nos habla de una increíble democracia planetaria, que por algo quiere debilitar, si es que no destruir, Donald Trump. 

Más allá de razones y argumentos, Chile se sumó de un paraguazo al lote de países que están secundando a Trump en su empeño de socavar los acuerdos globales; restar incidencia a la ONU; levantar muros y barreras; y desbalancear los equilibrios de poder en el mundo.

Mandos frágiles

Los chalecos amarillos ganan en Francia: El presidente Macron agacha el moño y retrocede en la decisión de aumentar el impuesto al diesel.

Donald Trump se ablanda y suspende su guerra comercial con China, pero a cambio Xi Jinping cede y se compromete a comprar más productos a Estados Unidos, junto con respetar la propiedad industrial y no seguir copiando sin pagar los costos…

En Chile, el presidente renuncia a su plan de bajar el impuesto a las empresas y tiene que hacer concesiones en varios proyectos de ley, porque la oposición pone barreras en el Congreso.

La política está hecha de cosas como ésas: contiendas que terminan en concesiones; se negocia y se transa, en aras de acuerdos y de cambios siempre parciales. Cuando se logran, la realidad tiende a mejorar.

Donde las concesiones y las bajadas de moño se vuelven perversas, es en instituciones que deben funcionar de manera ordenada, sin deliberación democrática, porque su naturaleza las define de otra manera. Se deben al resguardo del orden y la integridad del Estado o al control del funcionamiento de ese Estado.

Es lo que está pasando en varios organismos.

En Carabineros, los generales directores han tenido que responder, mal o peor, primero por la dafraudación a los chilenos que conocemos como el Pacogate, burlando a gobiernos y legisladores; luego por la invención e implantación de pruebas falsas; ahora por un crimen presuntamente cometido por sus efectivos y hasta por el posible desacato a las condiciones de una detención, si pensamos en el video del ex sargento investigado por el homicidio del comunero Catrillanca. No hay día en que alguien no plantee la renuncia del jefe de la policía.

En el Ejército, el comandante el jefe tiene que rendir cuentas, más allá del Milicogate, por sus imprudencias, reconocidas por él mismo, al hablar a sus subordinados precisamente tratando de mostrar autoridad, ante evidentes cuestionamientos internos. Tan evidentes, que también él mismo acusa cómo el mando en su institución está socavado por reiterados recursos judiciales de subalternos, que buscan revertir órdenes superiores.

En Contraloría, la segunda de a bordo derrota a su jefe en la Corte Suprema, dejándolo en entredicho por haber actuado de manera ilegal y arbitraria, a pesar de encabezar el organismo llamado, precisamente, a vigilar la legalidad y corrección de los actos de los funcionarios del Estado.

Si en democracia las cosas deben debatirse y los acuerdos negociarse de manera que posturas distintas confluyan en acuerdos y reformas que mejoren el país y el mundo en que vivimos, y ésa es la fortaleza y no la debilidad de la democracia… hay organismos donde los mandos frágiles no hacen sino poner en duda, y en una de ésas en peligro, la calidad y la seguridad de la propia democracia.

No más "guarismo" ni paros ilegales

Es una rutina que se repite cada año: paro de trabajadores del sector público y un improbable acuerdo sobre el reajuste y otros derechos o beneficios. No dejemos de mencionar la horrorosa palabra mágica: “el guarismo”.

Consecuencia: miles de ciudadanos sin poder hacer un montón de trámites en oficinas del Estado.

Estos paros son casi una institución, a pesar de que son ilegales. Y son ilegales, pero nadie responde ante la ley. 

O sea, la ley es letra muerta. Un absurdo en un Estado de Derecho.

Claro, porque las negociaciones salariales en la administración pública no están regladas. 

Lo absurdo está en que desde el año 94 los trabajadores de la administración del Estado tienen derecho a asociarse, pero no se sabe bien para qué: No se establecen normas para negociar. Nada hay sobre procedimientos, participantes plazos ni mecanismos de solución de desacuerdos o conflictos. 

Todo ocurre de facto. Y así hemos tenido paros eternos y tremendamente dañinos para demasiada gente, como los del Registro Civil; o especialmente sensibles, como los del Servicio Médico Legal. Para qué decir los de los gremios de la salud.

A veces, sale humo blanco, y de las negociaciones bajo presión surge un “protocolo de acuerdo”. Pero ninguna ley habla de protocolos; no son vinculantes. Sólo operan sobre la buena fe. Sin garantías.

Chile está atrasado en esto. 

La modernización del Estado debiera partir por regular las negociaciones laborales en todo el aparato estatal. 

Que lo jurídico no choque con lo fáctico. Que Chile deje de violar el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo.

¿Huelgas legales en la administración pública? 

No necesariamente. Hay otros mecanismos, como la mediación, el arbitraje, la conciliación.

Y si en todas o algunas reparticiones del Estado se abre la posibilidad de huelga, que todos tengamos claridad sobre cosas que operan en el sector privado: duración de la negociación, descuelgue y sus restricciones, reemplazo con condiciones… hasta materias que incluso en el ámbito privado falta por definir bien, como los servicios mínimos y la extensión de beneficios. 

Y algo clave: duración de los contratos colectivos, para evitar este costoso proceso anual, cada vez con el bendito guarismo y el protocolo de acuerdo…. o peor, el proyecto de ley sin acuerdo.

Caso Catrillanca: Después de las cabezas que han rodado

El gobierno optó por sacar del cargo al intendente de la Araucanía. Más que una renuncia asumiendo responsabilidades, fue una salida forzada, con recriminaciones en lugar de autocrítica. 

No es lo que pasa en democracias asentadas, donde las responsabilidades se asumen con todo, reconociendo los errores, descontaminando a los que se quedan y permitiendo reconstruir en un escenario nuevo.

Pero, al menos, la válvula de escape se abrió, la acusación constitucional que venía se cayó y los dardos contra el ministro del Interior probablemente van a quedar limitados a la interpelación ya aprobada en la Cámara de Diputados, sin mayores consecuencias.

Eso, en lo político. 

En lo policial, dados de baja ya los carabineros directamente vinculados con el caso Catrillanca y pasados a retiro los mandos regionales, el foco puede empezar a ponerse ahora en la recomposición de la convivencia en la Araucanía y en soluciones nacionales a futuro, por una parte; y en la reforma a la policía y el resguardo de la seguridad pública en la región, por la otra.

La gran diferencia que debiera marcarse de aquí en adelante es que todas esas cosas tienen que conversar, ser coherentes. No como hasta ahora, con Plan Araucanía por un lado y Comando Jungla por el otro.

Ahí está lo difícil, porque junto con restaurar el diálogo no se puede abandonar, por ejemplo, la prevención, la investigación y la sanción de los hechos de violencia, que han recrudecido después de la muerte de Camilo Catrillanca.

En una semana, suman decenas los atentados violentos a predios, galpones, viviendas, templos, recintos de veraneo y vehículos. Ninguno fue detectado antes ni menos evitado; ¿cuántos detenidos, cuántos imputados hay? ¿Se está inhibiendo la policía? ¿De qué sirve entonces que hasta hoy, la fuerza especial instalada en la zona siga allí? ¿Es inapta? ¿Es inepta?

La consecuencia de todo esto no es otra que la impunidad.

Pero lo que todos tenemos que entender es que un trabajo eficaz y legítimo en el ámbito de la seguridad, no puede ir separado ni menos ser contradictorio con la restauración de la convivencia y de la paz. 

La historia muestra que siempre, siempre, cuando no hay paz, pierden los que no tienen o no pueden usar la fuerza.

"Roedores" en el mercado de los medicamentos

“Jorge, necesitamos juntarnos con los roedores antes que te vayas tú, para definir los pasos a seguir; llama al roedor chico y dile que nos juntemos a almorzar en el club Vasco”…

Roedores, ratas y reptiles… así se referían unos a otros los máximos ejecutivos de los laboratorios que se coludieron durante 14 años para adjudicarse las licitaciones que hacía la Central Nacional de Abastecimientos, para comprar medicamentos inyectables destinados a hospitales y consultorios públicos.

Dejaban fuera de competencia a los que no estaban en el cartel, y elegían quién ofrecía cada vez el menor precio para adjudicarse la licitación.

Así se “ganaron” casi todas las licitaciones entre 1999 y 2013, haciendo que la Cenabast pagara mucho más de lo que correspondía: puro daño al patrimonio del Estado, que financiamos todos.

Ya sabíamos de la colusión de las grandes cadenas de farmacias.

También, cuánto más caros son los remedios en Chile que en otros países. 

Lo que no terminamos de asimilar son las dimensiones de los abusos en toda la escala del negocio de los medicamentos. 

Ahora, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia nos dio una noción: multó en casi 30 millones de dólares a los dos laboratorios que protagonizaron la colusión; menos mal: esto es más contundente que las multas a las farmacias años atrás…; el tercer laboratorio zafó, porque se acogió a la delación compensada. 

Cárcel no hay para nadie, porque la nueva ley anticolusión se promulgó después de los hechos, recién en 2016.

Es más: aparte del juicio del tribunal antimonopolios, el ministerio público formalizó en marzo cargos por estafas reiteradas… pero hasta ahí no más llegó: salidas alternativas, multa irrisoria, y apenas arraigo nacional con firma quincenal para el principal imputado. El Consejo de Defensa del Estado aceptó este arreglo.

Así estamos.

El mercado de los medicamentos no da para más. Junto con las listas de espera en la salud pública y las falencias de Fonasa; junto con la discriminación insostenible en la salud privada encarnada en las isapres; los remedios son el tercer lado de este triángulo de la salud en problemas que tenemos en Chile. 

De paso, se instala una gran duda sobre las capacidades de la Cenabast para intervenir el mercado, adquiriendo medicamentos como gran poder comprador para hacer bajar los precios, como se ha planteado, porque fue defraudada durante más de una década sin que saltaran las alarmas y al final lo hicieran por otro lado: por Contraloría, después de años de fraude.

Nos preguntamos si todo este cuadro no ameritaba crear la primera de las comisiones presidenciales que han trabajado en otros temas durante el año, y que en buena hora lo han hecho.

Para que no tengamos que estar nunca más sujetos a las conductas delictuales de esos autodenominados “roedores”… con perdón de las ratas que habitan nuestras alcantarillas.

Pensiones: ¿Acuerdos a la vista?

Recién comienza el trámite legislativo de la reforma a las pensiones, y empiezan a dibujarse algunas ideas para mejorarla, como se suele decir que se hace en el Congreso.
El gobierno sabe, aunque no lo declare, que tendrá que cambiar su proyecto. La oposición reconoce, aunque no lo diga, que tendrá que aceptar la parte medular de la propuesta oficial.

Por ejemplo, el gobierno parece no dispuesto a ceder en que los cuatro puntos adicionales de cotización vayan completos a las cuentas individuales de los trabajadores. Pero quizás podría aceptar que se sume un punto más a alguna modalidad solidaria, sea para financiar pensiones medias actuales o algún tipo de seguro colectivo. Con eso, la reforma coincidiría en parte con la que había enviado el gobierno anterior, y eso podría gustarle a la oposición.

Para el gobierno no sería perder nada fundamental; de hecho, ya está incorporando un componente colectivo, con el 0,2 por ciento adicional que iría a un seguro para los pensionados no autovalentes. Ya se metió en esa lógica.

Otro punto crucial es acelerar el aumento de la cotización para que no demore ocho años, y los resultados totales no se vean en tantas décadas. El peligro es dañar el empleo y los sueldos.

Pero hay mecanismos para enfrentar esto, como cambiar la lógica de la reforma tributaria, en una de ésas bajando el impuesto a las empresas (o sea, a los empleadores), incentivando así las contrataciones y compensando el costo laboral… de paso, ayudando a reactivar la inversión… a cambio de volver a subir el impuesto final a los dueños de las empresas, que absurdamente rebajó la reforma tributaria anterior.

Algunos opositores proponen no esperar la discusión completa de los cambios previsionales, e incorporar ya recursos fiscales al pilar solidario, para que el reajuste a las pensiones más bajas sea inmediato, en enero, financiado con el Presupuesto 2019 que tiene que ser despachado antes de fin de mes.

El gobierno rechaza separar esta parte del resto del proyecto; se resiste a aceptar la idea sin tener un compromiso de que la oposición aprobará lo sustancial de su reforma. El problema aquí es que el tiempo apremia este mes.

Todo esto, dicho en simple. Las soluciones técnicas son más complejas.

Pero los expertos las tienen; las están debatiendo en seminarios y documentos. Ahora deben persuadir a los políticos y sacarlos de las batallas ideológicas, porque lo que importa no es ser los ganadores en una especie de fin de la historia, sino mejorar las pensiones lo más que se pueda, lo antes posible.

Pensiones: Impuestos son la clave

El gobierno mostró sus cartas y ya está anunciada la reforma previsional. No hay sorpresas mayores, aunque sí en algunos detalles, como la libertad que tendrían las AFP para repartir parte de sus ganancias entre sus afiliados, o para rebajar comisiones a los que coticen más tiempo en ellas. Libertad, no obligación.

En lo demás, la reforma confirma las propuestas de campaña y los anuncios hechos con antelación a la cadena nacional de este domingo.

No nos vamos a detener aquí en la discusión ideológica, porque obviamente el presidente no iba a sorprendernos anunciando un sistema de reparto o terminar con las AFP.

Claramente, para el gobierno tiene que mantenerse la capitalización individual, los trabajadores no tienen que cargar con el financiamiento de las pensiones de otros trabajadores, y es rol del Estado hacerlo. 

Ojo: no sólo las pensiones de los más pobres, sino ahora también, en parte, las de la clase media.

Pero aquí está el punto: si es el Estado el que financia, obviamente lo hace vía impuestos. La idea detrás de esto es que, en vez de los mismos trabajadores, sean los más ricos los que financien con sus impuestos las pensiones de los que menos tienen.

Pero la pregunta es: ¿pagan en Chile los más ricos realmente más impuestos? 

Los defensores de la reforma tributaria de Bachelet dicen que ahora sí, gracias a esa reforma. De hecho, la mayor crítica a la reforma tributaria de Piñera es que ella no va a hacer pagar más impuestos a los más ricos, sino todo lo contrario.

A qué vamos con todo esto: a que, inevitablemente, se van a mezclar las discusiones parlamentarias de las dos reformas: la tributaria y la previsional. Y quizás es bueno que eso pase. 

Para la oposición, o parte de ella al menos, podría ser mucho más aceptable aprobar las propuestas del gobierno sobre pensiones, si los cambios tributarios realmente cargan la mano a los más ricos (ricos-personas, no empresas) para mejorar la vida de quienes menos tienen cuando llegan a viejos.

Probablemente en un esquema general como ése, sí habría al final, aunque suene sorprendente, un sistema de reparto mucho más justo.

Tuición civil en vez de tutela militar

El escándalo de los viajes a Europa o al Caribe de altos oficiales del Ejército con la familia, haciendo enjuagues con los pasajes a través de agencias de turismo que se prestaron para eso, es sólo el último capítulo de una larga historia. 
Una historia de corrupción en formas variadas, en la más antigua y más importante de las ramas de las FFAA, que por supuesto hemos pagado todos los chilenos.

Podemos entender que en los inicios de la democracia recuperada en los 90, con ejercicio de enlace y boinazo mediante, fiscalizar a las Fuerzas Armadas era utópico. Que con Pinochet al mando del Ejército, senadores designados y tutela militar vigente, el control civil de la gestión en Defensa no era una prioridad como hoy debe ser entendida.

Pero esas explicaciones no corren para los últimos 10 años, con Constitución reformada, sin senadores designados, con Pinochet muerto, y con presidentes como Bachelet y Piñera que llegaron al poder con gran capital político cada vez. 

Cuando acabamos de conmemorar los 45 años del Golpe y los 30 del NO, recién toma forma una reacción real de un presidente de la república para terminar con esa historia de fraudes. Es, por fin, un punto de inflexión, que el presidente Piñera define expresamente como poner control a la gestión militar, por el poder civil democráticamente elegido.

Para eso tuvo que haber otros que allanaran el camino: Para variar, periodistas que investigaron y revelaron las primeras hebras de esta madeja; diputados que investigaron y propusieron reformas; ministros en visita, especialmente una, que han indagado los delitos cometidos. 

El presidente Piñera puede inscribir su nombre a la cabeza de cualquier nómina de quienes han prestado servicios al país contribuyendo a esclarecer los hechos, terminar con la descomposición y generar nuevos estándares en  los intitutos de la Defensa, si más allá de terminar con la Ley Reservada del Cobre, que por fin ya está en curso… también es capaz de liderar una reforma en serio que dé vuelta las cosas y establezca ahora tuición civil verdadera a las funciones de esas FFAA. 

Y sobre todo si es capaz de imponerse a los recelos que sigue habiendo en una parte de su sector político frente a cualquier cosa que perturbe al mundo militar.

El mundo no es el que creíamos que era

En Brasil, la última encuesta le está dando 59 por ciento de preferencias al candidato de la ultraderecha, Jaír Bolsonaro.

En Alemania, el partido de la ultraderecha AFD acaba de ganar 11 escaños en el parlamento de Bavaria, quitándole la mayoría absoluta al Partido Cristiano Demócrata de Angela Merkel. Ya es el principal partido de oposición alemán.

En España, las encuestas ya anticipan que el partido ultraderechista Vox podría entrar al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones; su militancia ha crecido y hace una semana hizo noticia al juntar a casi diez mil personas en un acto público. 

Si en el Reino Unido se están aislando de Europa en el proceso que conocemos como el Brexit; los de Vox también postulan aislar la península de la Unión Europea.

En Francia, el Frente Nacional es la segunda fuerza política, y su líder Marine LePen disputó la segunda vuelta presidencial a Emanuel Macron. La izquierda quedó desplazada. 

En Italia, gobierna una curiosa coalición de derecha, antieuropea, anti democracia representativa, antisistema, que es todo un símbolo de los tiempos.

En Suecia, Austria, Dinamarca y otros países de Europa, incluso los que estuvieron en la órbita soviética como Polonia, la ultraderecha es tercera, segunda o incluso primera fuerza política.

En Estados Unidos Donald Trump no da visos de debilitarse cuando llega ya a la mitad de su mandato; veremos cómo le va en las elecciones legislativas de unos días más.

En Chile, los 20 años de la detención de Pinochet en Londres y las simpatías que su figura vuelve a despertar en un sector de la política chilena; el sólo hecho de que alguien se atreva en el Ejército a homenajear a un criminal de lesa humanidad generando aplausos; y tendencias como el apoyo mayoritario a la mano dura o a la salida de inmigrantes, son señales que hay que mirar.

Hay un tremendo desafío a las conciencias democráticas. 

Tiene que ver con respuestas a la gente.

El mundo no es el que creíamos que era.

Chile, ¿"embarrado"?

Nicolás Maduro acusa a Chile de estar "embarrado" en el supuesto atentado que sufrió el 4 de agosto.

Es más: apunta contra el pdte. Piñera con nombre y apellido.

La tesis no puede ser más delirante. En Chile sólo la dictadura mandó matar gente afuera, desde un ex canciller a un ex comandante en jefe, pasando por una lista de otras víctimas, independientemente de los resultados de esas operaciones criminales.

Si algún desquiciado de alguna instancia hubiera tenido algo que ver con los hechos de agosto en Caracas, tendría que responder muchas cosas... suponiendo que el atentado haya sido tal, lo que sigue generando demasiadas dudas viniendo las acusaciones de un régimen con credibilidad dañada.

Maduro está personalmente "informando" de una investigación criminal. ¿Acaso la está llevando él? Sus palabras no hacen más que dejar al descubierto que en Venezuela no hay justicia independiente, al punto el jefe de Estado prejuzga y emite sentencia previa. No es lo que se conoce como estado de derecho. 

Si hay alguien de Chile implicado en un hecho muy raro, primero tendría que decirlo la policía, asumirlo un fiscal, refrendarlo un juez, sancionarlo un Poder Judicial. 

Todo esto da razones para pensar que Chile sí podría ser “asilo contra la opresión” y proteger a los perseguidos por el régimen venezolano, hayan tenido o no que ver con los hechos.

Es, por lo demás, lo que Chile viene haciendo desde la administración Bachelet, acogiendo a venezolanos en riesgo, incluso jueces, en nuestra embajada en Caracas.

Si otros estados han dado asilo o quieren dárselo a chilenos, incluso condenados por crímenes gravísimos en Chile, a pesar de que aquí sí hay democracia y estado de derecho, sobrarían razones para refugiar y proteger a personas que sean perseguidas por Maduro, al menos hasta que puedan tener garantías de un debido proceso en Venezuela.

45 años después

45 años después, los que estamos hoy, bien podríamos inspirarnos en la lucha de las víctimas de la dictadura, para defender los derechos humanos que HOY son vulnerados

La memoria de la catástrofe que sufrió Chile a partir del Golpe de Estado de 1973 ha llevado a todos los líderes y ciudadanos de buena voluntad a repetir, desde que el país recuperó la democracia, “nunca más”.
Todas las iniciativas pro verdad y justicia han proclamado ese objetivo: para que no se repita, para que nunca más.
La verdad todavía no está completa, y tampoco la justicia.
Pero hay más verdad y más justicia hoy que en 2013, cuando conmemorábamos los 40 años; mucha más que en 2003, cuando se cumplían 30.
Se ha avanzado a punta del trabajo incansable de los que no se han sentido nunca vencidos, aunque molesten a los resignados o a los que tantas veces quisiéramos resignarnos; aunque una y otra vez perturben eso que se llama “la agenda” y se conviertan en esa conciencia que no querríamos escuchar, porque devela lo peor que hemos sido como país.
Gracias a ellos se ha avanzado y ese avance no se va a detener.
Pero por lo mismo, los que estamos hoy activos, los que queremos creernos vigentes, los que podemos alzar alguna voz, tenemos que sumarnos a la defensa de los derechos humanos que hoy son vulnerados: los de los niños y adolescentes basureados por la exclusión; los de los presos hacinados en nuestras cárceles; los de los viejos que se matan de soledad; los de los inmigrantes denigrados.
Esos derechos humanos son violados hoy, a esta hora.
Muchos de ellos, por el Estado.
Unos podremos ver en la lucha por la justicia para las víctimas de la  dictadura, una potente inspiración.
Otros podrán tener motivaciones distintas.
Más allá de las diferencias, también asumiendo ESE empeño, el “nunca más” va a cobrar el más verdadero de los sentidos. www.adn.cl